El promotor de energía eólica Carlos Galdón Cabrera ha hecho acusaciones serias contra antiguos funcionarios del gobierno regional de Castilla y León, en particular, al exconsejero de Economía Tomás Villanueva y sus colaboradores Rafael Delgado y el abogado Jesús Rodríguez Recio. Según Galdón, estos individuos lo habrían sometido a un chantaje significativo, exigiendo una suma de tres millones de euros que se transfirió a Mónaco para acelerar la concesión de permisos para un parque eólico que él promovía en Salamanca.

Durante la reciente sesión del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Valladolid en relación con la llamada "trama eólica", Galdón no escatimó en expresar su frustración, describiendo a los tres aludidos como parte de una "banda". Con su testimonio, rememoró las complicaciones que enfrentó mientras intentaba implementar sus proyectos eólicos en la región, en particular los parques de Zarapicos y Peñacabra.

Galdón relató que la primera fase del parque de Zarapicos, inaugurada en 2005 con una capacidad de un megavatio, se desarrolló sin contratiempos. Sin embargo, ya en 2006 surgieron los primeros obstáculos cuando intentó impulsar una segunda fase que incluiría diez megavatios. Según su versión, la paralización de este proyecto fue resultado directo de las acciones de Villanueva, que ya ha fallecido, y sus asociados Delgado y Rodríguez Recio, quienes figuraron entre los acusados en el caso. Ante estas dificultades, Galdón se vio obligado a convocar una reunión con ellos buscando una solución.

En sus declaraciones, Galdón expresó la ilusión que tenía en ese proyecto, que prometía ser una de las plantas más importantes de Europa. Sin embargo, se mostró decepcionado al notar la actitud despreocupada de Villanueva y Delgado durante la reunión. Tras haber invertido 66 millones de euros en la planta, se sintió abrumado ante la presión de sus inversores, lo que lo llevó a una situación crítica de salud por la incertidumbre de obtener la aprobación necesaria.

Fue en ese contexto de desesperación que, según Galdón, recibió un mensaje a través de Aguirre, quien le informó que necesitaba desembolsar tres millones de euros en Mónaco para avanzar con la autorización de la segunda fase. Galdón, reconociendo la gravedad de su situación, sostuvo que habría estado dispuesto incluso a pagar cinco millones en su momento crítico, justificando así su ceder ante lo que considera un chantaje que resultó en una autorización el 28 de marzo de 2007.

Posterior a esta autorización, en julio de 2007, Avanzalia firmó un contrato de servicios con Aguirre por un millón y medio de euros, también abonado en una cuenta en Mónaco. Este acuerdo llevó a Galdón a la adquisición del parque de Peñacabra de 100 megavatios, aunque con el tiempo, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa, ya que el parque no operaba con la eficiencia prometida.

A pesar de los obstáculos, Galdón continuó con el proyecto de Zarapicos, intentando impulsar una tercera fase de dos megavatios. Sin embargo, se encontró nuevamente con la necesaria conexión eléctrica de Iberdrola, que se volvió un nuevo desafío. Para resolver este dilema, Galdón tuvo que solicitar ayuda a la Junta, y aunque al parecer hubo "presiones" sobre Iberdrola, lo que logró al final fue vender siete plantas a un precio simbólico a las mismas personas que lo habían chantajeado.

La situación se complica aún más cuando se revela que Rafael Delgado se convirtió en accionista de una empresa llamada Four Innovation después de abandonar su puesto en la Junta. Un testigo, Carlos Fernando Marquerie, declaró que Delgado no cumplió con su promesa de inversión, limitando su participación a solo 50,000 euros en acciones.

Esta saga sobre la "trama eólica" involucra acusaciones de sobornos que sumarían más de 80 millones de euros entre los trece acusados. El origen de este escándalo se encuentra en la estrategia de la Junta de Castilla y León, que buscaba fomentar el crecimiento del sector de energías renovables a través de la aprobación de proyectos, pero bajo la amenaza de que los promotores debían ceder acciones a empresas locales.

Las peticiones formuladas por el fiscal anticorrupción son contundentes: un total de 123.5 años de prisión y 850 millones de euros en multas para los implicados. La mayor pena solicitada es contra Rafael Delgado, quien podría enfrentar 42 años de cárcel por su supuesta posición de liderazgo en esta trama delictiva, siguiendo otros acusados con penas también severas y multas significativas.