Puente cuestiona la falta de un criterio general para AVE y soterramientos tras el accidente de Urda
Puente pide un criterio general para AVE y soterramientos, con referencia a Valladolid y a un coste estimado de 40.000 millones de euros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este martes que exista un criterio general para decidir las líneas de alta velocidad y los soterramientos ferroviarios en España, con el fin de evitar discriminaciones entre territorios. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también respondió sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos la semana pasada.
Según la información facilitada, Puente vinculó la presión de los territorios por contar con alta velocidad a su peso político. "No hay nadie que no presione al máximo para que la alta velocidad llegue a su territorio y si no llega, lo convierte eso en una herramienta política de primer orden", ha afirmado. El ministro ha evitado citar ejemplos concretos y ha defendido que la actitud "concierne a todos" y no a un solo partido.
El ministro extendió este planteamiento a los soterramientos. Según ha señalado, "todo el mundo quiere el tren soterrado al paso de su ciudad", y ha situado en unos 40.000 millones de euros el coste aproximado, no actualizado, de los protocolos de soterramiento en toda España. Puente se ha referido también al caso de Valladolid, ciudad de la que fue alcalde y en la que tuvo que renunciar al proyecto de soterramiento en 2017.
Desde 2023, como ministro, Puente mantiene un desencuentro constante con el alcalde popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y con su equipo de gobierno. Estos sostienen que el soterramiento es posible y viable, mientras que las entidades del Ministerio han apostado por una integración en superficie. Hace un año se inició la disolución de la sociedad creada para ejecutar el proyecto.
Puente ha preguntado por qué en Murcia sí se decidió ejecutar el soterramiento y por qué no existió "un criterio general que sirviera para todos". Además, se ha preguntado "por qué es tan difícil hacer política para adultos", y ha planteado que se trata de una cuestión de "pedagogía social", basada en asumir que los recursos son finitos y en establecer reglas que impidan discriminaciones.
El ministro ha reconocido que en los últimos treinta años se han tomado decisiones que "puede que hayan sido equivocadas", pero ha atribuido esa responsabilidad a un clima social y no a un partido o responsable político concreto.