En León, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional, han logrado desentrañar el origen del patrimonio de una organización criminal que habría obtenido más de medio millón de euros a través del narcotráfico en la ciudad.

Los acusados enfrentan cargos por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, por los cuales fueron detenidos en diciembre de 2022, según informó la Policía Nacional en un comunicado enviado a Europa Press.

La investigación se inició en 2022 como parte de la operación Atlantis, cuando agentes de la Policía Nacional en León investigaban un delito relacionado con la salud pública.

Los investigadores siguieron los pasos de un individuo encargado de coordinar conductores para transportar drogas a la ciudad de León, con el fin de distribuir sustancias estupefacientes posteriormente.

Los vehículos que utilizaban pertenecían a uno de los acusados y ocultaban la droga en compartimentos secretos conocidos como 'caletas'.

En la primera fase de la investigación, se incautaron cuatro kilos de cocaína y 33.000 euros en efectivo durante registros domiciliarios autorizados judicialmente.

Además, se encontraron herramientas para el manejo de drogas, varios vehículos y se detuvo a tres individuos, mientras que otro quedó bajo investigación por delitos relacionados con la salud pública.

Desde el inicio se sospechaba que los beneficios obtenidos por la venta de cocaína estaban siendo blanqueados a través de dos empresas: una dedicada a locales de ocio nocturno y otra vinculada a la construcción.

A pesar de los 33.000 euros en efectivo incautados en las detenciones, se descubrió más de medio millón de euros en cuentas bancarias, bienes inmuebles y activos financieros durante una investigación exhaustiva realizada por la Comisaría Provincial de León en coordinación con la Agencia Tributaria.

Los agentes de Vigilancia Aduanera se enfocaron en los detenidos y su entorno, encontrando discrepancias significativas en sus cuentas bancarias y transacciones inmobiliarias.

Los acusados utilizaban 26 cuentas corrientes a nombre de terceros, incluidos menores de edad, así como entidades jurídicas, para blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas, sin justificación de ingresos legales.

La investigación se basó en testimonios de ocho testigos que confirmaron la especialización de la organización criminal a la que pertenecían los acusados.

Uno de los implicados cumple actualmente una condena de seis años de prisión y una multa de un millón de euros, mientras que otros tres enfrentan cargos por blanqueo de capitales como presuntos autores del delito.

Según el Código Penal actual, las condenas por este delito van desde seis meses hasta seis años de prisión, además de una multa equivalente al triple del dinero blanqueado.