VALLADOLID, 16 de julio.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha decidido iniciar un procedimiento de investigación después de recibir denuncias sobre un posible delito de malversación vinculado a la compra de un ciclomotor por la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), entidad que opera bajo la Diputación. Esta acción sigue a una denuncia presentada en abril por Francisco Ferreira, portavoz del Grupo Provincial Socialista.

Según el auto del tribunal, los elementos que emergen de las pesquisas iniciales sugieren la posible comisión de un delito de malversación, lo cual está ahora en manos de este órgano judicial para su examen detallado.

La queja formal, interpuesta por el Grupo Socialista el 4 de abril de 2025, se centra en la adquisición en 2021 de un ciclomotor Piaggio Ape 50 por un coste de 2.420 euros. Según el comunicado del PSOE, el vehículo se encontraba en condiciones "deplorables" y averiado en el momento de su adquisición, y su posterior reparación requirió una inversión adicional de 6.495 euros, aproximadamente el triple de su precio original, con un presupuesto que, según la denuncia, ya existía antes de la compra.

Desde la Diputación se argumentó que el ciclomotor se utilizaría con fines promocionales en ferias y eventos. Sin embargo, Ángel Medina, gerente de Valladolid Avanza (Sodeva), ha admitido que el vehículo nunca se ha utilizado y que permanece olvidado en una nave ubicada en Matallana, un municipio cercano a Valladolid.

Ferreira ha expresado su incredulidad ante la situación: "Es comprensible que el ciclomotor no se haya utilizado; lo que resulta sorprendente es que alguien pensara que esto podría ser una imagen representativa de una institución tan seria como la Diputación de Valladolid en cualquier evento importante".

Además, las reparaciones del ciclomotor fueron facturadas a una empresa de eventos en lugar de a un taller autorizado. Cabe mencionar que, un par de meses después de la compra, el Club de Amigos de la Provincia, asociado también a Sodeva, emitió un informe en defensa de la adquisición del vehículo.

Ferreira ha considerado alarmante el hecho de que se elaborara un presupuesto para un vehículo estropeado cuya reparación costó tres veces más que su compra. "La aparición de una empresa de eventos en las facturas es un asunto que exige una respuesta penal", ha enfatizado el portavoz socialista, calificando la situación de “intolerable” para una administración pública.

El auto del juez respalda la denuncia del Grupo Socialista, señalando que los hechos podrían constituir un delito, y ha ordenado que se lleve a cabo una investigación para dilucidar las circunstancias y las identidades de los posibles culpables. “Ahora es responsabilidad de la justicia establecer la naturaleza exacta de estos acontecimientos y quienes pudieron estar implicados”, expresó Ferreira, citando el documento judicial.

El Grupo Provincial Socialista ha venido demandando la disolución de Sodeva, alegando que esta entidad no está cumpliendo con los fines para los que fue creada y que opera sin la debida supervisión fiscal por parte de la intervención de la Diputación. También han señalado la incompetencia en la gestión de numerosos contratos menores que, según ellos, se adjudican a "capricho".

"Es imperativo que esta sociedad sea disuelta de inmediato. Su funcionamiento ha generado un escándalo tras otro, perjudicando gravemente la reputación de la Diputación", ha declarado Ferreira.

En este contexto, también es relevante recordar que, el 12 de septiembre de 2024, se dictó una sentencia condenatoria por prevaricación contra los altos mandos de Sodeva en el asunto Meseta Ski. Asimismo, el Tribunal Económico-Administrativo ha resuelto desfavorablemente en relación con la devolución del IVA de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, que fueron el propósito principal de la creación de esta sociedad.