Este jueves, trabajadores del sector de la discapacidad que prestan servicio en centros privados en Castilla y León se concentrarán ante la sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para exigir una equiparación salarial con los compañeros dependientes de los ocho centros públicos existentes en la Comunidad.

La campaña iniciada por UGT-SP el pasado 27 de abril encuentra su máxima expresión en esta concentración de carácter regional en la que la titular de la Consejería, Isabel Blanco, es acusada de "ningunear" al sindicato por no recibirle y "discriminar" a los 6.500 trabajadores de atención a la dependencia.

En Castilla y León, los 2.000 empleados de los centros públicos y los de los centros privados se encuentran bajo un mismo convenio estatal, pero a expensas de las comunidades autónomas quedan los complementos autonómicos para equiparar los emolumentos de unos y otros. Se denuncia que no se ha hecho en Castilla y León y sí en otros territorios como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia.

Esto ha generado diferencia salarial de entre 800 y 1.200 euros entre lo que percibe un trabajador adscrito a un centro público y lo que cobra otro compañero, con idénticas funciones, en uno de los más de 700 centros privados o viviendas tuteladas existentes en la comunidad que atienden a personas discapacitadas.

Tomás Pérez Urueña, secretario de UGT-SP en Castilla y León, ha declarado: "reclamamos esa equiparación para poner fin a esta discriminación". Además, ha responsabilizado de la situación a Isabel Blanco por su negativa a recibirles y ha anunciado que el sindicato ha remitido un escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que ponga fin a una situación que, en caso de no recibir contestación, estarían dispuestos a denunciar ante el Gobierno central e incluso acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.