VALLADOLID, 17 de diciembre.

Hoy se ha cerrado el último pleno de la XI legislatura en las Cortes de Castilla y León con la aprobación unánime de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura. Este acuerdo, alcanzado tras un extenso debate y la incorporación de enmiendas de diferentes grupos políticos, tiene como objetivo fundamental garantizar una atención sanitaria adecuada en toda la región, especialmente en áreas rurales que han enfrentado desafíos en la cobertura de personal sanitario.

Los diferentes partidos han mostrado su apoyo a esta iniciativa, señalando la importancia de los cambios realizados en el texto inicial presentado por el Partido Popular y Vox. El procurador del PP, Jesús María Sánchez Martín, destacó el carácter inclusivo de la ley, que presenta un marco con incentivos económicos y profesionales para retener a los médicos en estas localidades, asegurando así la atención de calidad para los ciudadanos.

Sánchez subrayó que el enfoque principal de la ley es el bienestar del paciente, dejando claro que no se puede ignorar a ningún pueblo o ciudadano en Castilla y León. Considera que aportar atención médica a zonas rurales es un compromiso moral que debería estar por encima de diferencias políticas, promoviendo así un principio de cohesión y dignidad en la atención sanitaria.

La procuradora de Vox, Rebeca Arroyo, también aportó su opinión sobre el consenso alcanzado en esta ley, resaltando que muchos de los cambios fueron influenciados por las sugerencias de médicos y enfermeros. Explicó que las nuevas medidas ofrecen incentivos para la carrera profesional y condiciones favorables que buscan atraer personal sanitario a las zonas más aisladas, donde la atención ha sido deficiente.

Durante su intervención, Pedro Pascual Muñoz, procurador de Por Ávila, expresó su descontento por el hecho de que algunas de sus enmiendas no fueran aprobadas, aunque valoró el acuerdo conseguido. En particular, hizo referencia a una "enmienda romántica" que proponía medidas de apoyo para las familias de los profesionales sanitarios contratados en zonas con escasez de personal.

A pesar de su satisfacción con el avance logrado, el procurador lamentó que, a lo largo de cuatro años, no se haya concretado el tan esperado Pacto por la Sanidad, lo que habría reforzado aún más el sistema de salud de la región.

La intervención de Francisco Igea se centró en defender la importancia del diálogo en torno a la ley. Si bien decidió retirar ciertas enmiendas, recordó que era esencial establecer límites a la cantidad de tarjetas por habitante que justificarían la declaración de puestos de difícil cobertura, un aspecto clave para una reestructuración efectiva.

El procurador Juan Antonio Palomar Sicilia, de Soria ¡Ya!, aunque apoyó la ley, hizo hincapié en varios errores en su redacción que podían tener consecuencias negativas. Criticó la falta de un enfoque que considere la baja densidad de población rural al medir la carga de pacientes por profesional, así como la posibilidad de que la declaración de plazas de difícil cobertura pueda ser manipulada políticamente.

La procuradora de UPL, Alicia Gallego, aunque a favor de la ley, cuestionó el hecho de que la Junta hubiera esperado hasta el último Pleno para aprobar una medida tan crucial como esta, insinuando que podría estar motivada por intereses electorales más que por un compromiso genuino con los ciudadanos.

Gallego recordó un acuerdo previo que ya instaba a declarar los puestos de difícil cobertura en atención primaria y enfatizó que este fenómeno no es nuevo, señalando la situación crítica en áreas como la leonesa, que enfrenta problemas derivados de su orografía y dispersión poblacional.

Con 27 enmiendas aún vivas que fueron rechazadas, UPL presentó una propuesta para establecer criterios más claros sobre lo que constituye un puesto de difícil cobertura, argumentando que se necesita una solución adaptada a la diversidad del territorio, enfatizando la urgencia por una atención estructural que se ajuste a la realidad rural.

Por último, el procurador socialista Jesús Puente aplaudió la aprobación de una ley que aborda adecuadamente el problema de la "fuga de médicos" y enfatizó la necesidad de implementar un reglamento en un plazo de dos años para maximizar su efectividad. Consideró el resultado alcanzado como un éxito, resaltando la importancia del trabajo conjunto en la política.

La Ley de Medidas Extraordinarias tiene como propósito principal asegurar la atención en centros de salud y áreas rurales, donde se necesita imperiosamente personal sanitario. La legislación establece criterios que identifican estos puestos de difícil cobertura y proporciona medidas económicas y organizativas para atraer y conservar profesionales en el sistema sanitario.

Entre las novedades, se incluye un complemento asistencial específico y condiciones de trabajo más flexibles, contemplando la posibilidad de agrupar jornadas laborales y adecuar horarios, para así facilitar la llegada de médicos y enfermeras a estos destinos menos atractivos, así como incentivos en desarrollo profesional y ayudas para facilitar el alojamiento a los nuevos trabajadores.

Esta ley no solo busca resolver problemas inmediatos en atención, sino que también regulariza procedimientos para actividades extremadamente demandantes, buscando garantizar la continuidad asistencial en servicios con mayores dificultades, un paso necesario para lograr un sistema de salud robusto y accesible para todos los ciudadanos.