El pasado 7 de octubre, se dio un importante paso en las Cortes de Castilla y León con la aprobación de una moción presentada por el PSOE, que contempla un conjunto de medidas para la transformación del sistema educativo en la región. Esta iniciativa recibió el apoyo de Vox en siete de sus quince puntos, mientras que el Partido Popular optó por rechazarla en su totalidad.

Entre las propuestas destacadas por el PSOE se encuentra la equiparación salarial de los docentes de Castilla y León con sus colegas de otras comunidades. Además, se ha solicitado la compatibilidad entre la carrera profesional docente y los sexenios para aquellos profesionales que enseñan en niveles no universitarios.

El portavoz socialista, Fernando Pablos, criticó la situación actual del sistema educativo, argumentando que se encuentra plagada de "deficiencias significativas". A su juicio, se evidencian problemas como la falta de servicios complementarios en la educación rural, la inadecuada regulación del uso de tecnologías digitales en las aulas y el incumplimiento de varias normativas, incluyendo las relativas al sistema universitario, así como la elevada edad promedio del profesorado universitario.

Durante el debate, la procuradora de Vox, Rebeca Arroyo, mostró su apoyo a varios de los puntos presentados por el PSOE, a pesar de la necesidad de someter a votación cada apartado de manera separada. Arroyo advirtió que la moción parecía más un intento de campaña electoral que un análisis profundo de las cuestiones planteadas.

La procuradora hizo hincapié en la importancia de la educación como herramienta para preparar a la juventud frente a los retos del futuro y abogó por mejorar las condiciones para las familias en términos de escolarización y conciliación. También exigió salarios justos para los docentes y una reducción de la burocracia en las instituciones educativas.

Rebeca Arroyo destacó la necesidad de convocar más plazas para profesores que faciliten el reemplazo en casos de bajas, y defendió que tanto la educación rural como la formación profesional son vitales para el desarrollo de las regiones. Llamó a asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación, tengan acceso igualitario a recursos y tecnología. Según Arroyo, la formación profesional debería ser vista como una opción principal, no secundaria, y debe estar alineada con las necesidades del mercado laboral local.

Asimismo, hizo eco de la necesidad de un plan de infraestructuras educativas que mejore las condiciones de los centros, dado que muchos de ellos se encuentran en un estado lamentable. Arroyo instó a la administración autonómica a asegurar que se destinen presupuestos necesarios para abordar tanto reformas como dotaciones educativas.

A pesar de su apoyo a algunos puntos de la moción, Arroyo expresó su preocupación por la falta de cronograma y recursos económicos en varias exigencias del PSOE, acusando al partido de no aplicar sus políticas de manera coherente en las comunidades donde tiene el poder, como en Castilla-La Mancha. Resaltó que un verdadero cambio educativo depende de la aprobación de presupuestos realistas, advirtiendo que mera retórica no resolverá los problemas existentes.

Por su parte, la procuradora del PP, María del Carmen Sánchez Bellota, justificó su negativa a toda la moción, sosteniendo que la imagen que el PSOE presenta del sistema educativo no se corresponde con la realidad. Sánchez Bellota calificó la propuesta socialista de "oportunismo político" y argumentó que la educación en Castilla y León es un modelo de estabilidad y responsabilidad, gracias a la gestión del PP.

Recalcó que el sistema educativo de la comunidad es líder en España y se ha beneficiado de remuneraciones que superan la media nacional. Asimismo, destacó el incremento salarial reciente de 2.100 euros y las mejoras en los complementos para el profesorado.

En cuanto a la educación rural, la procuradora manifestó que se han mantenido abiertas las escuelas en comunidades pequeñas, lo que ha permitido ratios de atención que otros lugares no logran, posicionando así a Castilla y León como modelo en esta área. También se recordó que la comunidad destaca por su regulación pionera del uso de tecnologías digitales en educación, sugiriendo que las propuestas socialistas llegan tarde y son redundantes.

Finalmente, la moción fue aprobada con el apoyo de otros grupos, incluidos UPL-Soria ¡Ya! y miembros del grupo mixto. Sin embargo, varios procuradores, como Francisco Igea y Pablo Fernández de Unidas Podemos, lamentaron que no se debatiera otra moción relacionada con la consulta popular en las provincias de León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía leonesa.

Entre las múltiples propuestas, se plantea extender el derecho al transporte escolar a estudiantes de formación profesional que necesiten desplazarse a localidades donde no se ofrecen sus estudios. Además, se prevé la elaboración de un plan a largo plazo para mejorar la educación rural y aumentar la oferta de servicios necesarios.

En el ámbito de la educación no universitaria, el PSOE busca establecer límites al uso de dispositivos digitales en las aulas, mejorar los comedores escolares con opciones saludables, agilizar las sustituciones de docentes y reducir la interinidad al nivel recomendado por la UE. Igualmente, se propone un plan plurianual de infraestructuras educativas con un calendario y presupuesto claros.

En el ámbito universitario, la moción urge a regular incentivos para profesores que participen en programas de doctorado, incrementar la financiación a universidades públicas y convocar un mínimo de 100 contratos predoctorales antes de enero de 2026.

Fernando Pablos enfatizó que esta serie de propuestas constituye una respuesta urgente y necesaria para corregir las deficiencias acumuladas en el sistema educativo autonómico, que, en su opinión, requiere de cambios fundamentales para garantizar una educación de calidad en Castilla y León.