El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León para cumplir con las solicitudes relacionadas con los proyectos de varias obras del convenio para la integración ferroviaria de Valladolid, advirtiendo que de lo contrario se iniciará el proceso de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Según explicó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, durante su participación en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio del proyecto ferroviario en la ciudad.

Puente señaló que Adif ha solicitado a las instituciones gobernadas por el Partido Popular que cumplan con los requerimientos pendientes, como la entrega de proyectos para la licitación de obras en el sector de Ariza, la ampliación y mejora del paso peatonal de San Isidro, la aportación de la titularidad de los suelos de los nuevos talleres, entre otros.

Ante esta situación, se ha otorgado un plazo de un mes para que se cumplan las solicitudes, advirtiendo que de no hacerlo se procederá a la resolución del convenio y el inicio de la liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Puente criticó la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por el alcalde Jesús Julio Carnero, acusando al Consistorio de obstaculizar el avance del proyecto ferroviario.

El exalcalde socialista expresó su sorpresa y decepción por la ausencia de Carnero en la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio, destacando la importancia de la integración ferroviaria para la ciudad.

Por su parte, el ministro de Transportes dejó claro que, en su opinión, el soterramiento es inviable por razones técnicas y económicas, por lo que la única opción viable es la integración de la línea, sugiriendo la demolición del paso del Arco de Ladrillos como parte de la solución.

Puente también mencionó la necesidad de mejorar la conectividad en la avenida de Irún y la posibilidad de incluir nuevos pasos en el convenio de integración, instando a las administraciones local y autonómica a tomar las decisiones necesarias para avanzar en el proyecto ferroviario.