
VALLADOLID, 21 de octubre.
Un grupo de más de cien personas se congregó en Valladolid para mostrar su apoyo a la Unión de Campesinos, que organizó esta manifestación con el objetivo de exigir precios justos para los productos agrícolas y detener la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea.
Valentín García, presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, destacó que este año, a pesar de una cosecha “acceptible” en cultivos como los cereales y otras producciones cruciales de Castilla y León, los agricultores se enfrentan una vez más a un escenario de pérdidas financieras.
García expresó su preocupación por la drástica reducción de precios que reciben los productores, advirtiendo que este problema se ve intensificado por las importaciones masivas de productos de Ucrania y países del Mercosur. Esto ha provocado una caída en los precios hasta niveles que no se veían desde hace más de tres décadas.
Además, los agricultores están luchando con el aumento constante de los costos de los insumos necesarios para sus explotaciones. En este ámbito, criticó a las administraciones por hablar de la incorporación de jóvenes al sector agrícola, planteando la pregunta de cómo se podría atraer a nuevas generaciones si las explotaciones no son rentables.
Para ilustrar las dificultades a las que se enfrentan, los manifestantes llevaron dos fanegas de trigo, una de 10 y otra de 20 kilos, que apenas generan un ingreso de dos euros para el productor, mientras que con esa cantidad se pueden elaborar hasta 80 barras de pan, cada una con un coste aproximado de un euro.
García, en su papel como representante de los agricultores europeos, hizo hincapié en la necesidad de que los productos importados cumplan, al menos, las mismas normativas que se exigen a los productores españoles. “Es esencial que haya una certificación de calidad en origen y un control riguroso sobre los productos que ingresan al país”, señala.
Asimismo, García se refirió a la reforma de la PAC y su impacto, que representa cerca del 30% de los ingresos de las explotaciones agrícolas. A su juicio, la situación actual del campo en España es clara: “Entre tanto vaivén, siempre son los agricultores los que pagan las consecuencias”.
Por ello, subrayó la urgencia de frenar la reforma de la PAC, advirtiendo que no se puede permitir que esta política deje de ser común, ya que esto podría llevar a una administración donde todos puedan intervenir sin consideración por los agricultores.
Las reclamaciones de la Unión de Campesinos incluyen la necesidad de garantizar que la PAC beneficie prioritariamente a los agricultores y ganaderos que dependen exclusivamente de sus explotaciones. También piden la conservación o aumento del presupuesto de la PAC, que ha estado reduciéndose, y señalaron que la excesiva burocracia en el proceso de solicitudes puede ser motivo de grandes retrasos.
Finalmente, García enfatizó que los agricultores deben concentrarse en trabajar sus tierras en lugar de lidiar con un alud de papeleo. “Estamos cansados de la burocracia, y cada vez que se habla de simplificación de la PAC tememos que sea exactamente lo contrario”, concluyó.
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