VALLADOLID, 9 de noviembre.

El Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, conocido como Apamcyl y vinculado a Uscal, ha expresado su profunda preocupación por la severa falta de personal en los servicios jurídicos de los Territoriales de Medio Ambiente en varias provincias de la región. Este déficit está generando lo que describen como un “colapso” en la gestión de denuncias relacionadas con el medio ambiente, poniendo en riesgo la protección de nuestras áreas naturales.

En un comunicado emitido que ha sido difundido por Europa Press, Apamcyl ha hecho hincapié en la escasez de funcionarios encargados de procesar los expedientes sancionadores resultantes de las denuncias realizadas por agentes medioambientales y otros cuerpos reguladores, lo cual es esencial para abordar las infracciones a las leyes que velan por el medio ambiente.

La falta de estos profesionales no solo está afectando la operatividad interna de los Servicios Territoriales, sino que también repercute directamente en la labor de los agentes medioambientales y en la seguridad jurídica de los ciudadanos. Sobre todo, subraya el sindicato, está debilitando la eficacia en la protección del medio ambiente.

Este déficit provoca un estancamiento en la resolución de denuncias, lo que a su vez anula el arduo trabajo de campo realizado por los agentes que se dedican a preservar la naturaleza. La organización ha resaltado que las denuncias por violaciones ambientales, en su mayoría, deben ser atendidas por la administración regional, y en menor medida, por los ayuntamientos.

Sin una adecuada gestión y seguimiento, las acciones emprendidas por los agentes quedan sin un respaldo efectivo, lo que genera una sensación de impunidad ante las infracciones cometidas, lo que Apamcyl califica de grave amenaza a la protección del entorno natural.

A pesar de la dedicación y profesionalismo con que los agentes medioambientales desarrollan su trabajo, la paralización en la tramitación de sanciones propicia que las infracciones se perpetúen, ocasionando daños que pueden ser irreversibles para el medio ambiente y comprometiendo la salud pública.

El sindicato ha puntualizado que algunas denuncias podrían llevar a procedimientos irregulares, susceptibles de generar “perjuicios irreparables”, especialmente en casos que involucren el decomiso de instrumentos empleados en actividades ilegales. Asimismo, la detención de actividades llevadas a cabo de manera cautelar podría poner la administración en una situación de responsabilidad patrimonial.

Esta alarmante situación se ve agravada por la “incongruencia” en la gestión del actual gobierno de la Junta. Apamcyl ha criticado el anuncio de contratar 90 nuevos técnicos sin aclarar cómo se llevará a cabo estas contrataciones mientras se mantienen vacantes más de 20 plazas en los servicios jurídicos del medio ambiente.

El sindicato sostiene que esta política de personal es incoherente con los principios de eficacia y legalidad, recalcando que se priorizan contrataciones de base jurídica cuestionable en lugar de cubrir las posiciones fundamentales para la implementación de las normas ambientales. Exigen a la Junta que tome “medidas urgentes” para reclutar el personal que falta en los servicios jurídicos de Medio Ambiente.

Es imperativo asegurar que la protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la eficacia de la administración pública no sigan viéndose amenazadas por la falta de personal capacitado y decisiones políticas inconsistentes con los objetivos de conservación y cumplimiento de la legalidad. Apamcyl ha instado al Ejecutivo autonómico a dejar atrás la desinformación hacia los representantes de los empleados públicos y a asumir una gestión coherente que priorice los intereses ambientales y respete los derechos de los ciudadanos.

El sindicato ha calificado esta estrategia como “una política errónea” en un año marcado por una crisis de incendios forestales en la comunidad autónoma, subrayando la urgencia de afrontar estas cuestiones con seriedad y responsabilidad.