ÁVILA, 23 de octubre. En un relevante anuncio, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, informó que el Gobierno se encuentra en las etapas finales de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se presentará próximamente en el Consejo de Ministros. Este proyecto legislativo busca alinear el sistema judicial español con los estándares europeos, estableciendo que los jueces se enfoquen en el juzgamiento y ejecución de las sentencias, mientras que la responsabilidad de la investigación recaerá en la Fiscalía.

Durante su intervención en la apertura del 39 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Ávila, un evento que se lleva a cabo el 23 y 24 de octubre bajo el tema 'El poder judicial en la era digital: inteligencia artificial, democracia y Estado de Derecho', el ministro subrayó la importancia de esta reforma y su naturaleza más garantista.

Bolaños destacó que, en este nuevo marco legal, será un juez de garantías quien tendrá la autoridad para decidir, revocar o confirmar las acciones que lleve a cabo el Ministerio Fiscal durante las investigaciones penales. Esta medida busca fortalecer la independencia judicial y garantizar un proceso más equitativo.

Además, el titular de Justicia hizo mención de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial, que actualmente se encuentra en tramitación y ha superado la fase de enmienda total en el Congreso. Según Bolaños, esta ley representa un significativo avance para la profesión judicial y instó a quienes critiquen la reforma a que primero se informen adecuadamente sobre sus contenidos.

Entre las innovaciones que se proponen, destaca la implementación de un sistema de becas públicas destinado a facilitar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Esta iniciativa tiene como objetivo asegurar que cualquier persona, sin importar su situación económica, pueda aspirar a estas funciones. Bolaños comentó que el 95 por ciento de los aprobados en las últimas promociones ha requerido apoyo económico de sus familias, por lo que con esta medida se busca garantizar que las becas estén protegidas legalmente, independientemente de la inclinación política del ministro de turno.