En Bruselas, el 18 de noviembre, se ha dado un paso definitivo en el ámbito político europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha cerrado, de manera inapelable, la reclamación presentada por los sindicatos UGT y CCOO. Esta queja se refería a una supuesta violación de la legislación sobre Diálogo Social por parte del anterior gobierno autonómico. Este desenlace no ha estado exento de tensiones, especialmente entre los líderes de estos sindicatos y el representante de Vox, Jorge Buxadé, quien no dudó en expresar su desacuerdo con la postura adoptada por los sindicatos.

UGT y CCOO habían considerado anteriormente la cuestión cerrada tras su comparecencia en este mismo organismo el pasado 19 de marzo. En aquella ocasión, los sindicatos expusieron la problemática surgida en Castilla y León tras la entrada de Vox en el Gobierno regional. Sin embargo, la Comisión Europea había desestimado la solicitud, considerándola fuera de su ámbito de competencia.

El tema ha sido reabierto por iniciativa del grupo Patriotas por Europa, específicamente por Vox. Jorge Buxadé reafirmó que las demandas planteadas por los sindicatos carecían de legitimidad y que no se había producido ninguna infracción de derechos laborales ni sindicales. Así, Buxadé indicó que la decisión de UGT y CCOO de cerrar el asunto se debió en realidad a su éxito en obtener subvenciones por un total de 40 millones de euros de la Junta.

El portavoz de Vox agregó que las acciones del gobierno anterior, formado por el PP y Vox, llevaron a la eliminación de los 800 euros que los sindicatos recibían cada vez que visitaban una empresa para labores de prevención de riesgos laborales. A pesar de ello, se logró una reducción de la siniestralidad mortal del 30 por ciento. También destacó el ahorro de 100.000 euros en la Fundación Serla, cifra que se suma a otros 70.000 en sueldos de personal cualificado. En este contexto, Buxadé subrayó que la tasa de desempleo se había situado en un 9,5 por ciento, por debajo de la media nacional.

Buxadé cerró su intervención advirtiendo que esta reunión no se habría llevado a cabo si ambos sindicatos, en su momento, hubieran presentado un escrito dando por terminado el tema tras haber recibido sus fondos.

En la misma línea, el exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien se encontraba presente en Bruselas, criticó a UGT y CCOO. Ocupando un lugar entre los eurodiputados, sin ser él mismo un parlamentario europeo, acusó a los sindicatos de buscar la recuperación de privilegios que ya se consideran obsoletos, utilizando como cobertura el término Diálogo Social.

García-Gallardo afirmó que el verdadero Diálogo Social debería incluir a organizaciones que realmente representen los intereses de los trabajadores, algo que, según él, no ocurre en Castilla y León. Criticó la situación actual, calificando como una "fiesta" el uso de dinero público por parte de los sindicatos en fines que no benefician a la sociedad en general.

Por su parte, los líderes de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, calificaron de "sinsentido" la reactivación del debate en la Comisión de Peticiones, especialmente cuando ya había sentencias favorables en los tribunales. Ambos recordaron el impacto negativo que tuvo el pacto entre PP y Vox en las políticas de empleo y formación en la comunidad autónoma.

Temprano, resaltando la importancia de los sindicatos como representación de un 80 por ciento de los trabajadores en Castilla y León, destacó que la recuperación del Diálogo Social es un triunfo de todos los ciudadanos y un elemento que contribuye a mejorar su calidad de vida. No pasó por alto la crítica a Buxadé, quien mencionó que los sindicatos actuales no aspiraban a un control único como el que existió bajo el régimen franquista.

En la misma línea, Vicente Andrés también respondió a Buxadé, enfatizando que UGT y CCOO obtienen sus recursos de las cuotas de los afiliados y no de subvenciones públicas, a diferencia de Vox, que depende de estas últimas para su funcionamiento.

Por último, la eurodiputada socialista Sandra Gómez se alineó con los sindicatos, denunciando en el Parlamento Europeo lo que calificó como un "absoluto desprecio de la ultraderecha por el Diálogo Social". Gómez criticó a Vox por utilizar el Parlamento Europeo como un escenario para burla y desdén hacia las preocupaciones ciudadanas, argumentando que la petición presentada por dicho partido no tenía fundamento en los problemas reales de los ciudadanos.