VALLADOLID, 23 de octubre. Un grupo de cerca de 400 manifestantes ha hecho un llamado enérgico ante la Consejería de la Presidencia, instando a la Junta de Castilla y León a que cumpla con el convenio laboral establecido hace dos años y proceda con la reclasificación prometida. Estos ciudadanos planean solicitar al presidente Alfonso Fernández Mañueco que asuma un papel activo para resolver esta situación.

Los representantes sindicales han enfatizado la necesidad de un diálogo efectivo y han criticado a la Junta por no honrar los compromisos adquiridos. Juan Carlos Hernández, líder del sector autonómico de Comisiones Obreras, señaló que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, está obstaculizando el cumplimiento de aspectos clave del convenio.

Tomás Pérez Urueña, secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, ha expresado su frustración ante el incumplimiento de las promesas formuladas en el convenio, que incluían la "modernización de la Función Pública". Esta modernización debería implicar una correlación directa entre los grupos y títulos académicos con las categorías profesionales, algo que hasta ahora no se ha materializado.

Por su parte, Albergo García Sanz, coordinador del personal laboral de CGT en la Junta, ha puesto en tela de juicio la credibilidad del Partido Popular, sugiriendo que la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados resta confianza a cualquier promesa electoral que puedan hacer.