Castilla y León permite impugnar las concesiones de Sánchez a ERC, mostrando firmeza y contundencia.
El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León ha aprobado interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía y condonación de la deuda propuestas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la Comunidad será "firme y tajante" frente a los "abusos de poder" de Sánchez para beneficiar a sus socios independentistas.
El Consejo de Gobierno de la Junta analizó las propuestas de acuerdos políticos sobre amnistía y medidas financieras, en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno. Estas medidas podrían afectar los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España, además de perjudicar la financiación y recursos públicos de Castilla y León para el mantenimiento de servicios esenciales.
Por este motivo, la Administración autonómica ha acordado iniciar el procedimiento para interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la materialización formal de los acuerdos políticos sobre la amnistía y contra las medidas financieras y económicas recogidas en dichos acuerdos.
El presidente Mañueco ha dejado claro que el Gobierno de Castilla y León defenderá la Constitución Española, el Estado de Derecho y los principios de libertad, igualdad, solidaridad y cohesión nacional. Además, ha criticado la amnistía como un ataque al Estado de Derecho y una sumisión de Sánchez ante los separatistas.
En cuanto a la condonación de la deuda, Mañueco ha acusado a Sánchez de pagar 15.000 millones de euros a sus socios independentistas con el dinero de todos los españoles para mantener su posición en el Gobierno. Ha resaltado que Castilla y León ha gestionado eficientemente la comunidad, reduciendo impuestos y manteniendo los mejores servicios públicos de España.
En conclusión, Mañueco ha afirmado la importancia de seguir en la senda constitucional y ha reiterado el compromiso de Castilla y León en la defensa del Estado de Derecho, los municipios y los valores de libertad, igualdad, solidaridad y convivencia.