VALLADOLID, 31 de julio. La Junta de Castilla y León ha tomado una firme decisión al presentar su oposición al recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el Defensor del Pueblo. Este recurso busca impugnar la Ley que autoriza la caza del lobo al norte del río Duero, y la Junta actuará para asegurar que la legislación aprobada en el Congreso se mantenga en vigor.

El portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, ha señalado que la Junta ha decidido intervenir como parte coadyuvante en este recurso. Este movimiento responde a la impugnación de varios artículos de la Ley que busca prevenir pérdidas y desperdicios alimentarios, particularmente en lo que se refiere a la regulación de la caza del lobo.

Según Fernández Carriedo, la motivación detrás de esta acción radica en la defensa de la constitucionalidad de la norma discutida en el Congreso, puesto que las disposiciones cuestionadas impactan directamente las competencias de Castilla y León en la protección del medio ambiente y la gestión de especies como el lobo.

La decisión de la Junta de Castilla y León busca reafirmar el respeto por las competencias autonómicas y respaldar una legislación que consideran esencial para la comunidad. La Dirección de Servicios Jurídicos de la Junta ha recibido la autorización para llevar a cabo las acciones pertinentes en defensa de los intereses de la región en este proceso judicial.

“Nuestro objetivo primordial es proteger los intereses de Castilla y León y asegurar que nuestras competencias sean respetadas. Actuamos en defensa de la norma vigente, tal y como fue aprobada por el Parlamento”, enfatizó el consejero, quien aclaró que la Junta no está presentando un recurso, sino que defiende la continuidad de esta ley aprobada por las Cortes Generales.

El consejero también subrayó la importancia de que el Gobierno obtenga un informe de la Conferencia Sectorial competente antes de remitir a la Unión Europea cualquier dato sobre la evolución del lobo, resaltando que es crucial involucrar a las Comunidades Autónomas en estos informes.

Sin embargo, lamentó la falta de convocatorias de esta Conferencia Sectorial, la cual debió llevarse a cabo en julio, un hecho que recordó que limita la aportación de las comunidades autónomas al sector. En los últimos años, la población de lobos en la comunidad ha crecido, lo que ha permitido establecer un equilibrio entre la ganadería y la conservación de la especie, un aspecto clave que se integra en la ley.

El texto legislativo, destacó el consejero, está alineado con las decisiones del Parlamento Europeo y con varias normativas internacionales y nacionales. “En este contexto, lo crucial es si el Gobierno va a escuchar a las comunidades autónomas al momento de enviar información sobre la población de lobos. Nosotros respaldamos la ley y la posición del Parlamento Nacional en este aspecto, en contraposición a la postura del Gobierno”, concluyó.