VALLADOLID, 29 de julio -

La Junta de Castilla y León ha hecho pública esta semana una nueva normativa en el Boletín Oficial de la Comunidad, que establece el marco para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2026. Este anuncio se produce en un contexto donde las cuentas permanecen prorrogadas desde 2024.

El documento especifica los criterios a seguir en la creación de las cuentas públicas, así como las prioridades de inversión y los procedimientos que deben cumplir las diferentes consejerías y organismos públicos vinculados con la Junta.

Entre las principales prioridades, se destacan la mejora en la calidad de los servicios públicos, la cohesión social y territorial, el fortalecimiento de la asistencia sanitaria, el apoyo a familias y colectivos vulnerables, la promoción de un sistema educativo moderno y la fomento de un crecimiento económico sostenible e innovador.

Durante los próximos meses, se desarrollará el proceso de elaboración presupuestaria, que incluirá la definición de objetivos relacionados con la estabilidad financiera y la deuda pública. También se aplicará el límite de gasto no financiero que ha sido aprobado previamente por las Cortes, lo que exige a los órganos gestores presentar sus propuestas y la documentación necesaria en tiempo y forma.

Esta orden también introduce la obligación de presentar informes sobre el impacto de género y documentos específicos relacionados con la inversión en áreas sociales, programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como medidas para la dinamización demográfica y la sostenibilidad territorial. Igualmente, se establece un nuevo esquema de codificación presupuestaria que facilitará la comparación interanual y el seguimiento de los objetivos establecidos.

El calendario de este proceso incluye fechas fundamentales entre el 1 y el 23 de septiembre, durante las cuales se espera la remisión de la mayoría de los documentos requeridos. Esto permitirá que el anteproyecto de Ley sea presentado ante el Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria.