Crónica Castilla y León.

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CyL lanza un nuevo programa de ayudas al alquiler para 2025, con un presupuesto inicial de 27 millones destinado a 23,500 familias.

CyL lanza un nuevo programa de ayudas al alquiler para 2025, con un presupuesto inicial de 27 millones destinado a 23,500 familias.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha anunciado la convocatoria de diversas ayudas que comenzarán mañana, las cuales están diseñadas para facilitar el acceso a vivienda en alquiler y mejorar la accesibilidad de las viviendas para personas físicas y comunidades de vecinos.

VALLADOLID, 20 de octubre.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha adelantado que se destinarán 27 millones de euros para las ayudas al alquiler correspondientes al año 2025. Esta cantidad es superior en ocho millones a la asignada en 2024 y se espera que beneficie a aproximadamente 23.000 solicitantes.

Las bases del programa establecen que el alquiler máximo elegible para acceder a las ayudas permanecerá en 550 euros, aunque se incrementará en ciertos municipios donde antes el límite era de 500 euros. Además, se ha eliminado la categoría intermedia de 450 euros, lo que simplificará el proceso para los interesados.

Desde la Consejería han aclarado que estas cifras son el tope para el precio de alquiler, y que se podrán aumentar si la vivienda cuenta con un trastero o un garaje, siempre y cuando esos elementos se mencionen en el contrato y no supere los límites establecidos según la localidad.

Las solicitudes para estas ayudas se podrán presentar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026. Para poder beneficiarse, los ingresos de los residentes deben situarse entre 4.200 y 25.200 euros anuales. No obstante, en situaciones especiales, como familias numerosas o víctimas del terrorismo, los límites de ingresos se amplían, permitiendo alquileres máximos que van de 600 a 800 euros.

También habrá opción de solicitar ayudas para el arrendamiento de habitaciones, con montos que varían entre 175 y 200 euros, dependiendo de la ubicación.

Las ayudas más generosas estarán disponibles para aquellos que residen en las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, así como en otras capitales y municipios que se suman a esta iniciativa, lo que abre el abanico de beneficiarios potenciales.

El consejero ha explicado que, aunque el presupuesto inicial es de 27 millones de euros, existe la posibilidad de aumentarlo hasta un total de 59 millones si se cumplen las condiciones. El año pasado, se destinaron cerca de 49 millones, y se estima que este año la cifra podría llegar hasta 55 millones, lo que permitiría atender a más solicitantes.

Suárez-Quiñones ha asegurado que se espera que esta línea de ayudas sirva para atender a más de 23.500 beneficiarios, con una subvención media estimada de 2.500 euros por solicitud.

Los solicitantes deben ser mayores de edad y titulares de un contrato de arrendamiento que sea su vivienda habitual. Además, deberán ser ciudadanos españoles o de la Unión Europea, y los extranjeros no comunitarios deben tener la debida autorización de residencia en el país.

No podrán optar a estas ayudas aquellos en deuda con Hacienda o Seguridad Social, ni los que posean una casa en propiedad, así como aquellos que alquilen a familiares cercanos o a personas con las que mantengan algún vínculo societario.

Respecto al aumento en los precios de la vivienda, el consejero ha puntualizado que estas ayudas están dirigidas a aquellos que más lo necesitan, garantizando que los jóvenes, que representan un 30% de los beneficiarios, puedan acceder a los alquileres a precios más asequibles.

Es importante mencionar que las ayudas son compatibles con el Bono Alquiler Joven, aunque la suma de ambas no podrá superar el 75% del alquiler.

Finalmente, se estima que el proceso para comunicar a los beneficiarios se completará en un plazo de seis meses, con resultados previstos para el 30 de julio de 2026.

Además de estas ayudas al alquiler, la Consejería también convocará recursos destinados a mejorar la accesibilidad de las viviendas, facilitando la instalación de ascensores y rampas, elementos esenciales para garantizar el acceso universal a las viviendas. Suárez-Quiñones ha informado que se ofrecerá una subvención del 50% de la inversión, limitada a 6.000 euros por vivienda para comunidades y 3.000 euros para solicitudes individuales.