El Movimiento Sumar ha iniciado su andadura en Castilla y León con la clara intención de desafiar al Gobierno liderado por el popular Alfonso Fernández Mañueco. Este esfuerzo se enmarca en una alianza con Izquierda Unida y Verdes Equo, mientras se preparan para convocar primarias a finales de noviembre, donde se definirán los candidatos para las próximas elecciones autonómicas.

Marina Echevarría, una de las cocordinadoras del Movimiento, expresó estos planes en una rueda de prensa tras la asamblea constituyente celebrada en Zamora. Echevarría destacó la determinación del grupo para cerrar filas en torno a un objetivo ambicioso: desbancar al actual gobierno regional.

Además, el movimiento está explorando la posibilidad de unirse a Podemos Castilla y León, aunque Echevarría reconoció que las chances de alcanzar una candidatura unificada son pocas, dado que esta última formación parece preferir presentarse de manera independiente. “Podemos ha manifestado su intención de ir solo en las próximas elecciones”, comentó.

Pese a la situación tensa, Echevarría reafirmó su apertura al diálogo, asegurando que Sumar mantiene “las puertas abiertas” y está dispuesta a respetar las dinámicas internas de otros partidos. Esta actitud propositiva busca fomentar un clima de colaboración en un contexto electoral tan competido.

El plan de Sumar incluye la presentación de listas en las nueve provincias de la comunidad autónoma, un objetivo que aún requiere una planificación detallada. La coordinadora subrayó que “cada provincia tiene sus propias características que deben ser consideradas en este proceso”.

Las propuestas del movimiento no se limitan al cambio de gobierno; tanto Echevarría como Charo Fernández, también coordinadora, criticaron la gestión del PP y lo que consideran una situación de estancamiento en la región. Según ellas, la comunidad ha estado estancada en un desarrollo político y social deficiente durante las últimas cuatro décadas.

En su lucha por la justicia social y la mejora de los servicios públicos, Sumar se ha comprometido a recuperar áreas esenciales como la educación, la sanidad y el transporte, las cuales, según afirman, se han visto afectadas por políticas de privatización y abandono. Desde su perspectiva, las provincias de Castilla y León demandan urgentemente una reconstrucción de la calidad democrática y un plan de desarrollo que ha estado ausente por demasiado tiempo.