VALLADOLID, 29 de enero. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha emitido un fuerte aviso sobre las implicaciones económicas que enfrentará Castilla y León, afirmando que la región perderá 160 millones de euros mensuales debido a la anulación del 'Decreto Ómnibus' propuesto por el Gobierno central. Este decreto pretendía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación tanto autonómica como local, un aspecto fundamental para el sostenimiento de los servicios públicos.

Durante la rueda de prensa llevada a cabo tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo indicó que el mencionado decreto contemplaba la actualización de las asignaciones hasta igualar las cantidades que se recibirían en 2025. Sin embargo, al no haber sido aprobado, parece que el Gobierno ha decidido limitar los pagos solamente a las cifras correspondientes al año 2023, lo que representa un gran retroceso en términos de financiamiento.

El consejero expresó su preocupación al señalar que esta situación obligará a la Junta a gestionar áreas críticas como salud, educación y servicios sociales con los mismos recursos que se disponen en 2023, a pesar de que los desafíos y costos operativos corresponden a un escenario mucho más complejo previsto para 2026. Esta circunstancia, según Fernández Carriedo, resulta alarmante y refleja una falta de previsión por parte del Gobierno de la nación, que ya había llevado a situaciones similares el año pasado, aunque en ese momento se utilizó un mecanismo extraordinario para la corrección.

Fernández Carriedo detalló que lo que se les asignará en términos de recursos será lo correspondiente al último año en que el Estado tuvo un presupuesto en vigor, es decir, el 2023. Con esta medida, la región podría enfrentar una drástica disminución en sus ingresos, cifrada en 160 millones de euros mensuales, una realidad que ha sido calculada basándose en los datos proporcionados en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera, realizado en diciembre.