Demandado por gastar 235.500 euros de manera fraudulenta en coches, viviendas y ropa.

La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo la presentación ante la autoridad judicial de seis hombres, cuyas edades oscilan entre los 44 y los 81 años, por presuntos delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Estos individuos se encuentran bajo sospecha de disolver una empresa, crear otra y hacerse con 235.500 euros de forma indebida, los cuales destinaron a la compra de automóviles, propiedades y ropa deportiva sin devolver nunca el dinero.

Según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado, los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid abrió una investigación a raíz de la denuncia presentada por una empresa que descubrió que una sociedad no había cumplido con el pago de una cantidad que había cobrado irregularmente, a pesar de haberlo reclamado en varias ocasiones sin obtener respuesta.

En el marco de la operación Milkeda, la Guardia Civil realizó una exhaustiva investigación y descubrió que en 2008 la sociedad demandada cesó sus operaciones y presentó un concurso voluntario de acreedores en el mismo día en que se le notificó la sentencia en 2021 que les obligaba a devolver la cantidad recibida de forma ilegítima.

Además, se comprobó que el concurso voluntario de acreedores se declaró 13 años después del cese de la actividad empresarial, lo que suscitó aún más sospechas sobre la conducta de los implicados.

Las pesquisas revelaron que el dinero reclamado se destinó a múltiples compras que no guardaban relación con la actividad comercial de la sociedad, como la adquisición de vehículos, propiedades, ropa deportiva y transferencias bancarias entre los miembros del Consejo de Administración, así como a transferencias particulares sin conexión aparente con la empresa demandada.

Según la información recopilada, los administradores de la sociedad disuelta crearon una nueva empresa con el mismo propósito, integrada por algunos de los socios fundadores que formaban parte del consejo de administración anterior, con la intención de burlar la justicia y ocultar sus actividades ilegales.

Con base en el análisis de la documentación obtenida, los agentes lograron demostrar la comisión de los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales, lo cual condujo a la identificación de seis personas residentes en Valladolid, Ponferrada (León) y Barcelona, de nacionalidad española y con edades entre los 44 y 81 años.

A pesar de las dificultades encontradas para localizar al líder máximo de las sociedades investigadas, quien se encontraba trabajando en Sudamérica, las autoridades lograron avanzar en la investigación y tomar declaración a los implicados, sin proceder a su detención debido a su disposición a colaborar con la justicia.