Un total de cinco individuos han sido arrestados y quince más están siendo investigados en relación con una operación que involucra el tráfico ilegal de 41.000 toneladas de desechos plásticos.

En una destacada intervención, el Seprona de la Guardia Civil en León ha logrado desmantelar una red criminal dedicada a la comercialización internacional de residuos plásticos. Los arrestos se producen en medio de una investigación que señala la importación, almacenamiento y posterior exportación ilegal de grandes cantidades de basura plástica a otros países.

Las investigaciones iniciales revelaron que la organización estaba trasladando desechos contaminados desde naciones como Francia y Portugal. Utilizando empresas asociadas a la gestión de residuos en Almería, se camuflaban los desechos peligrosos bajo capas de plástico limpio, eludiendo así el control aduanero y dirigiendo los residuos a vertederos clandestinos en León y Valencia antes de su exportación ilegal.

La operación, denominada 'Finoplast', se inició en 2022 tras descubrir un vertedero ilegal en León. Las pesquisas posteriores revelaron instalaciones operando sin los permisos ambientales correspondientes en diversas localidades de León y Valencia.

Los datos recabados indicaron que se habían importado a España unas 18.800 toneladas de residuos plásticos, que luego se almacenaban antes de ser enviados de forma ilegal a países como India, Marruecos y Brasil. Se estima que otras 22.785 toneladas de basura fueron trasladadas a destinos internacionales.

Las indagaciones del Seprona evidenciaron la implicación de una empresa de reciclaje en Almería, que actuaba como fachada, al colocar balas de plástico limpio sobre los contenedores con el fin de disimular el contenido real ante los autoridades aduaneras.

Las autoridades han llevado a cabo registros en cuatro empresas que son la sede de 16 sociedades, además de inspecciones en otras cuatro y allanamientos en dos residencias, donde se ha confiscado material y documentación relevante. También se han hallado y recuperado miles de toneladas de residuos en instalaciones no autorizadas, gracias a la colaboración con entidades ambientales de León y la Comunidad Valenciana.

La investigación se realiza bajo la supervisión del Juzgado número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, y cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León. La Guardia Civil ha destacado que se emitieron 21 órdenes de investigación a nivel europeo para recabar la información requerida.

Las acciones también han tenido un componente internacional; se han coordinado esfuerzos con Eurojust y Europol, junto a las fuerzas de seguridad de Francia y Portugal, para enfrentar esta problemática en diversos frentes y detener el avance de este tráfico ilegal de desechos peligrosos.