VALLADOLID, 6 de marzo. En un reciente fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que había anulado previamente el acuerdo del 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León, relativo a la modificación del Plan Integral de Residuos (PIRCyL).

Según lo comunicado por Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la administración autonómica y, mediante una providencia emitida el 5 de marzo, ha hecho firme la sentencia del TSJCyL del 29 de febrero de 2024. Esta sentencia afirmó que la revisión del Plan Regional de Residuos fue llevada a cabo de forma ilegal, omitendo el procedimiento de participación pública que exige la normativa vigente.

El grupo ecologista ha indicado que esta decisión judicial evidenció que la adaptación del PIRCyL careció de la “necesaria” información pública. Además, destacó que el proceso no recibió la necesaria evaluación ni el visto bueno de entidades clave como el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). Igualmente, se subrayó la falta de la preceptiva evaluación ambiental que debe realizarse para los planes en materia de residuos.

Asimismo, se recordó que dicha adaptación intentaba modificar un modelo de gestión que resulta ya obsoleto, esto es, el Plan Regional de Residuos que ha estado en vigor desde 2016, tras ser aprobado por Decreto 11/2014 del 20 de marzo. Desafortunadamente, se ha evidenciado que su implementación ha sido un desastre, manifestándose en el aumento de la generación de residuos y las bajas tasas de recuperación y reciclaje en la región.

El fallo del tribunal subraya de manera significativa que cualquier revisión de este tipo debía acatar el derecho constitucional a la participación, en concordancia con los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española. Esto cobra especial relevancia debido al alcance de las modificaciones propuestas en el Plan Integral de Residuos.

Finalmente, Ecologistas en Acción ha denunciado que tanto el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el resto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ignoraron flagrantemente la Constitución y las normativas esenciales que rigen la elaboración de disposiciones ambientales en la Comunidad. Se instó, por ende, a la creación de un nuevo Plan Regional de Residuos que cumpla con la legislación vigente.