VALLADOLID, 15 Ene.

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de un año y medio de cárcel al empresario de origen marroquí Albdelkarim I, quien fue detenido en 2022 por la Policía Nacional acusado de explotar a trabajadores extranjeros en el ámbito agrícola y mantenerlos en condiciones inhumanas.

El acuerdo entre el encausado y el fiscal del caso ha sido ratificado en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial. Inicialmente, la acusación pública pedía cuatro años de prisión para Albdelkarim I.

Según el acuerdo, Albdelkarim I. deberá cumplir un año y medio de prisión por delito contra los derechos de los trabajadores, pagar una multa de 810 euros y compensar a sus tres víctimas con una indemnización de 2.000 euros cada una.

A pesar de la condena, el empresario no ingresará en prisión ya que se acordó la suspensión de la ejecución de la misma. Sin embargo, deberá abstenerse de cometer delitos durante los próximos tres años, además de pagar la multa y las indemnizaciones dentro de un plazo de dos años.

La investigación que llevó a la detención del empresario de 40 años, se realizó en el marco de la operación 'Saigo' durante los meses de febrero y marzo de 2022. Las pesquisas se centraron en un empresario que residía en Valladolid desde hace más de diez años y se dedicaba a la prestación de servicios agrícolas.

Este empresario intermediaba entre los jornaleros y los propietarios de las fincas, proporcionando mano de obra principalmente a trabajadores extranjeros en situación irregular. De esta manera, se aseguraba la sumisión de los trabajadores a las condiciones laborales impuestas.

Las víctimas, en su mayoría personas necesitadas o en situación de vulnerabilidad, realizaban jornadas laborales extenuantes de más de diez horas diarias, incluso trabajando de noche si era necesario. No tenían derecho a descansos ni vacaciones.

Albdelkarim I tenía dos viviendas en condiciones deplorables, en las que hacinaba a los trabajadores. En una de ellas convivían 14 personas y en la otra hasta cuarenta, todas ellas en condiciones insalubres y sin luz eléctrica.

Las autoridades ya habían llevado a cabo numerosas inspecciones y actuaciones contra la empresa del acusado, por lo que este constituyó una nueva sociedad en un intento de evadir la intervención inspectora.

El empresario se beneficiaba económicamente al no pagar a sus trabajadores, a quienes solo entregaba pequeñas cantidades para su subsistencia. Incluso llegó a deber a algunos trabajadores más de 4.000 euros. Se estima que su nueva empresa facturó más de 300.000 euros.