ÁVILA, 7 de julio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila ha decidido extender por seis meses más la investigación en curso que involucra a funcionarios del Centro Penitenciario de Brieva. Estos funcionarios, supuestamente, habrían mantenido relaciones íntimas con la reclusa Ana Julia Quezada, a cambio de diversas ventajas, incluyendo la entrega de un teléfono móvil a la condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz.

Este avance se formalizó a través de un auto emitido el lunes, al que ha accedido Europa Press. En él, el juez argumenta que la prórroga es necesaria debido a que aún quedan actuaciones pendientes que justifiquen la continuación del proceso. Para el magistrado, esta medida es crucial para completar la instrucción y permitir una resolución bien fundamentada conforme a lo estipulado en el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La prórroga se da tras las declaraciones que se llevaron a cabo el 27 de junio, incluyendo la de un educador del penal. Este testigo indicó que Quezada, quien cumple una condena de prisión permanente revisable por el crimen de Gabriel Cruz, amenazó con hacer público material íntimo que involucraba a ella y a varios funcionarios, en caso de que no se accediera a su demanda de ser trasladada a una prisión en Barcelona.

Según el educador, Quezada intentó presionar para que se le facilitara el traslado a un centro penitenciario en Barcelona, donde vive su pareja. La amenaza de difundir vídeos comprometidos fue expuesta por la reclusa durante una conversación en julio de 2024.

Uno de los implicados en este escándalo es A.M.H., un antiguo cocinero del centro penitenciario, quien se ha defendido de las acusaciones de haber tenido relaciones con Quezada. En su declaración, aseguró que las insinuaciones de la reclusa fueron rechazadas firmemente, incluso mencionó incidentes donde ella se acercaba a él de manera provocativa.

El cocinero también hizo referencia a una solicitud de Quezada, quien le pidió que contactara a su novia para llevarle ropa de abrigo. Esta comunicación habría tenido lugar en la mitad de 2024. Sin embargo, el testimonio de la pareja de Quezada contradice su versión, indicando que fue A.M.H. quien facilitó el dispositivo móvil a su novia.

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, participa en el caso como acusación popular. Ella ha instado a que se tome declaración a otra reclusa que podría tener información clave sobre el asunto, aunque su testimonio ha sido desestimado en anteriores ocasiones.

Por otro lado, uno de los funcionarios bajo investigación, S.T., previamente compareció ante el juez, limitando sus respuestas a las preguntas de su defensa y negando cualquier tipo de trato de favor a cambio de relaciones sexuales con Quezada.

Este interrogatorio forma parte de una investigación más amplia por un supuesto delito de cohecho, regido por el artículo 443.2 del Código Penal, que está siendo conducida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila. Varios funcionarios de la prisión han sido suspendidos de sus funciones como resultado de las denuncias presentadas en este caso, que plantea graves acusaciones sobre el trato preferencial hacia la reclusa.