Este jueves se formalizará un acuerdo significativo en el caso que involucra a una familia acusada de contaminaciones graves en Renedo, Valladolid. La parte demandante ha decidido retirarse del procedimiento legal, permitiendo que la acusación se mantenga únicamente en manos de la Fiscal de Medio Ambiente.

La familia C.S., compuesta por cuatro hermanos y su madre, admitió haber causado serios daños ambientales al vender un terreno contaminado sin revelar su estado real a los compradores. Este entendimiento permitirá a la acusación particular salir del proceso, siempre y cuando se resarza adecuadamente a los afectados.

El juicio estaba programado para comenzar este miércoles en la Audiencia de Valladolid. Sin embargo, debido a la llegada de este acuerdo, la audiencia se iniciará el jueves, y se limitará solo a la acusación pública a cargo de la Fiscal Ana Valle. Según fuentes consultadas, el pacto también implicará que dos de las acusadas, Consuelo S.C. y su hija Cristina, no enfrentarán cargos, ya que la acusación pública no solicita pena para ellas.

Inicialmente, la acusación particular había pedido un total de nueve años y nueve meses de prisión para los cinco miembros de la familia, que incluye además sanciones económicas y la inhabilitación para operar en actividades relacionadas con el reciclaje. Este importante caso pone de manifiesto la grave problemática medioambiental en la zona y la necesidad de cumplir con las normativas vigentes.

Los hermanos, que operaban una empresa de reciclaje de escorias de aluminio, enfrentan cargos por haber llevado a cabo su actividad sin los permisos necesarios desde 2006 hasta 2018. Los delitos que se les imputan abarcan tanto la contaminación del terreno como un presunto fraude al ocultar la situación real del mismo al momento de la venta.

Las autoridades han fijado la atención sobre el caso, que ha revelado un grave desprecio por el medio ambiente por parte de los acusados. A pesar de que la familia C.S. alegó desconocer el estado del terreno, la Fiscalía destaca que los había ocultado intencionadamente durante el proceso de venta, con el fin de deshacerse de una propiedad problemática.

Los nuevos compradores de la parcela, al iniciar los trabajos de acondicionamiento para un centro hípico, encontraron residuos metálicos y una extraña sustancia con un fuerte olor a amoníaco, lo que llevó a que se alertara a las autoridades. Tras esta denuncia, se iniciaron diversas investigaciones que confirmaron la gravedad de la situación medioambiental del terreno.

Las pruebas recogidas por el Seprona consecuencia de la intervención en el lugar demostraron la contaminación a través de varios elementos peligrosos, lo que representa un riesgo no solo para la salud humana, sino también para los ecosistemas circundantes. Este caso resalta la importancia de una adecuada gestión de residuos y el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.