Fiscalía solicita 31 años de prisión por trágico accidente en el parque eólico de Valdenebro que dejó dos muertos.
Este lunes se inicia el juicio contra cuatro individuos, entre ellos técnicos y directivos de la empresa principal y de dos subcontratas, que están siendo acusados por un trágico accidente laboral que tuvo lugar en febrero de 2020 en Valdenebro de los Valles.
Según la Fiscalía de Valladolid, se están solicitando penas que suman un total de 31 años de prisión para estas cuatro personas, las cuales enfrentan cargos vinculados a la muerte de dos operarios que perdieron la vida tras caer desde más de 50 metros cuando trabajaban en la construcción de uno de los doce aerogeneradores de un parque eólico. Este accidente ha desatado una atención considerable sobre las condiciones laborales en dichas obras, resaltando la importancia de la responsabilidad en la seguridad laboral.
En su escrito de calificación, la acusación pública clasifica los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores, así como dos delitos de homicidio por imprudencia. La Fiscalía ha propuesto una multa de 3.240 euros y veintiún meses de prisión por el primer cargo, junto a tres años de prisión por cada una de las muertes, lo que equivale a un total de siete años y nueve meses de prisión para cada acusado. Este lunes, 25 de noviembre, los encausados comparecerán ante la Audiencia de Valladolid.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía exige que se paguen indemnizaciones que, en conjunto, rondan el millón de euros. En particular, se establece que 404.219 euros vayan destinados a la esposa y los dos hijos de uno de los fallecidos, de 46 años, mientras que otros 507.593 euros se dirigen a la viuda de la otra víctima, de 55 años, junto a sus dos hijos, padres y siete hermanos. Los acusados serían responsables de estas sumas de manera solidaria, lo que también implicaría a las aseguradoras y, de forma subsidiaria, a la empresa principal y a las subcontratistas implicadas en el proyecto.
Los hechos que se juzgarán se remontan a la mañana del 15 de febrero de 2020, cuando los operarios fallecidos, junto a otros compañeros, realizaban trabajos en la torre 8 del parque eólico 'Carratorres', ubicado en el polígono 13 de Valdenebro de los Valles. Allí se estaban construyendo aerogeneradores de 120 metros de altura, un proyecto promovido por Gas Natural y Fenosa Renovables, y ejecutado por una empresa principal y sus subcontratas.
Al iniciar el turno de trabajo, se requería que cuatro operarios subieran a una plataforma a aproximadamente 100 metros de altura, mientras que el resto del grupo permanecería en la parte baja realizando tareas de apoyo. Debido a las limitaciones del elevador, solo se permitía el acceso a dos personas por turno. Así, los primeros en subir fueron los que, lamentablemente, acabarían perdiendo la vida, seguido por otros dos compañeros.
El fatídico accidente ocurrió cuando el elevador comenzó a ascender, saliéndose de las guías a una altura de unos 56 metros, lo que provocó que los operarios cayeran al vacío, resultando en un trágico desenlace por el impacto de la caída.
Según la acusación pública, el accidente fue consecuencia de la violación de un Plan de Seguridad que estipulaba en su artículo 74 que el acceso a la plataforma octagonal, conocida como 'Goracon', solo debía hacerse cuando estuviera en el suelo. Este procedimiento prohibía el uso tanto del elevador que se accidentó como de la escalera de servicio.
A pesar de que el Plan de Seguridad era claro en sus indicaciones, en la práctica, se optaba frecuentemente por el uso del elevador, ya que este método aceleraba el acceso y permitía un mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo. Las empresas, conscientes de los procesos más lentos que implicaba seguir los protocolos de seguridad, a menudo ignoraban estas normas.
Por consiguiente, la Fiscalía ha decidido acusar a varios individuos: el coordinador de Seguridad y Salud de la obra, Jorge G.M.; el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa principal, Alejandro A.C.; el jefe del Proyecto Técnico de la primera subcontrata, José María D.M.; y, finalmente, el encargado de la segunda subcontratista, Víctor Manuel P.V.
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