ÁVILA, 14 de mayo. Un funcionario de la prisión de Brieva, en Ávila, se encuentra en el centro de atención tras ser acusado de un delito de cohecho. Se le señala por presuntamente haber proporcionado un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, quien cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Níjar, Almería. Durante su comparecencia ante el juez, el implicado negó las acusaciones y defendió su inocencia.

La declaración del funcionario, identificado como S.T., tuvo lugar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila. En una sesión que no superó los quince minutos, solo respondió a las preguntas planteadas por su abogado defensor. En la audiencia, también participó un representante del Ministerio Público y la abogada que representa a la madre de la víctima, Patricia Ramírez.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, S.T. insistió en que no propuso a la reclusa ningún tipo de intercambio y que tampoco ella le sugirió el supuesto trueque. Las acusaciones apuntan a que la prisionera solicitó el móvil a cambio de alertas sobre las inspecciones en su celda, donde se ocultaba el teléfono, que supuestamente le había proporcionado su pareja durante una visita íntima. En este contexto, el funcionario habría tomado posesión del dispositivo durante una revisión de la celda.

Este caso se enmarca en una investigación más amplia sobre posibles delitos de cohecho que involucran a varios empleados del centro penal. Como resultado de las acusaciones, varios de estos funcionarios han sido suspendidos de sus funciones y están bajo investigación por haber presumiblemente permitido a la reclusa el uso de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.

Los reportes indican que Ana Julia Quezada había mantenido relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero de la prisión. Se cree que esas interacciones fueron grabadas con el teléfono móvil que le fue proporcionado, visando chantajear a las autoridades del centro penitenciario para lograr un traslado a Barcelona.

Además, en un informe elaborado por la directora de la prisión, Laura Pérez, se detalla que tuvo acceso a información importante sobre la interna a través de un educador. “La interna afirma poseer un móvil con grabaciones, incluidas imágenes de vídeo donde aparece el funcionario en su celda”, señala el informe difundido por la dirección del penal.