Este viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado su compromiso de presentar un segundo requerimiento judicial para que la Junta de Castilla y León dote al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) de presupuesto “propio, adecuado y suficiente”. De esta manera, se pretende mantener la actividad y todas las funciones que el Serla llevaba a cabo antes de la llegada de Vox a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

La presentación del nuevo requerimiento judicial se pondrá en marcha cuanto antes y, según Faustino Temprano, secretario de UGT en Castilla y León, “a más tardar” la semana que viene. Ha destacado la firmeza del compromiso de la Ministra por salvaguardar un servicio que pertenece a los castellanos y leoneses. Esta afirmación ha tenido lugar después de la reunión en la que la Ministra ha participado junto con los secretarios autonómicos de UGT y Comisiones Obreras, Vicente Andrés.

En este sentido, Vicente Andrés ha destacado la importancia de un servicio destinado a resolver conflictos de las personas trabajadoras de Castilla y León “sin juicio”. Ésta será la segunda vez que el Ministerio de Trabajo requiere a la Junta de Castilla y León en este sentido, tras el aviso del pasado 10 de marzo para que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco repusiera el Serla de forma inmediata, un aviso que fue inadmitido.

La Junta de Castilla y León acordó destinar 400.000 euros a la Fundación Serla en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 13 de abril, un 60% menos que en años anteriores. Esta cantidad está destinada únicamente a la mediación en conflictos colectivos laborales, no a los individuales y otras actividades que realizaba este organismo en anteriores legislaturas. Temprano ha reprochado a la Junta que se trate de un presupuesto muy pequeño, lo que ha motivado el segundo requerimiento judicial anunciado por la Ministra.

Según la documentación que sustanta el presupuesto de la Comunidad de 2023, la aportación económica anual de la Junta ha sido hasta el momento la “única” fuente de financiación del Serla. Esta aportación anual estaba sustentada por los acuerdos suscritos desde 1997 en el seno del Diálogo Social entre la Junta de Castilla y León, CEOE, UGT y CC.OO, “ausente” en los momentos de elaboración de las cuentas de 2023, según el Gobierno autonómico.