Crónica Castilla y León.

Crónica Castilla y León.

Hombre sancionado con 800 euros por faltar a la cita judicial en caso de apropiación atribuida a agente de seguros

Hombre sancionado con 800 euros por faltar a la cita judicial en caso de apropiación atribuida a agente de seguros

VALLADOLID, 17 Oct.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid se ha visto obligado este martes a acordar una nueva suspensión, la quinta ya, del juicio que estaba previsto celebrar contra F.M.V, un agente de seguros acusado de quedarse con el dinero de una clienta y de elaborar una serie de pólizas ficticias con el fin de alcanzar los objetivos marcados por la compañía para cobrar así incentivos.

Si las cuatro suspensiones anteriores tuvieron como origen los efectos de la huelga en el sector de Justicia, en esta última ocasión la juez del caso ha aplazado la vista al próximo día 12 de diciembre al no comparecer uno de los denunciantes, trabajador de la construcción que a la hora del inicio del juicio se encontraba en una obra en Madrid.

Dado que había sido citado en legal forma y por incumplir el deber de colaborar con la Justicia, el no compareciente ha sido multado con 800 euros, el equivalente al 28,5 por ciento del total de los 2.800 euros reclamados a quien tenía que ocupar el banquillo de los acusados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Fiscalía tipifica los hechos como un delito de apropiación indebida y otro continuado de falsedad en documento mercantil y solicita un total de cuatro años de cárcel, a razón de dos años por cada uno de ellos, multa de 4.500 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización en favor de la víctima por importe de 2.880 euros.

El 21 de marzo de 2019 el acusado, F.M.V, de 54 años, suscribió con Mapfre España un contrato como agente de seguros exclusivo en el que se establecían una serie de comisiones a percibir en función de las distintas operaciones que el agente llevara a cabo.

Su supuesta víctima, L.R.E, quien a través de un compañero de trabajo había contactado con el acusado cuando éste era agente de seguros de otra aseguradora, continuó con esta relación comercial, de modo que concertó con Mapfre los seguros de dos vehículos y uno de decesos a nombre de un familiar, si bien no recibió documentación alguna de las pólizas, tampoco localizadas en las oficinas de la aseguradora, al argumentar F.M.V. que todo el operativo era digital y ni siquiera era preciso la firma de los asegurados.

Los pagos de esas pólizas se encontraban domiciliados en la cuenta de CaixaBank, titularidad de la víctima y su esposo, en la que, a partir de mediados del año 2018, debido a problemas económicos se produjeron descubiertos que afectaban al pago puntual de los recibos en cuestión.

Ella puso esta circunstancia en conocimiento de su agente de seguros, el hoy acusado, quien le indicó la posibilidad de realizar él mismo el ingreso cuando la denunciante le entregara el dinero en efectivo.

A partir de ese momento, la mujer le pagaba mensualmente 80 euros, hasta un total de 2.880 euros, pese a lo cual el agente no ingresó esas cantidades en la cuenta de la compañía, como venía estipulado para los supuestos--excepcionales--de cobro en efectivo, sino que las hizo suyas, siempre según el relato de la acusación pública.

Así, la víctima descubrió que carecía de seguros vigentes después de sufrir un accidente con uno de sus vehículos, el 6 de julio de 2021, y ser informada en las oficinas de Mapfre de que los seguros habían sido anulados por falta de pago, y de la existencia de otras pólizas, a su nombre, de su esposo y su madre que en realidad no habían sido contratadas por ninguno de ellos y cuyos pagos habían sido rechazados por el banco en el momento de su giro.

Y es que el acusado, presuntamente, para alcanzar los objetivos mensuales que en el programa "agente profesional de seguros" fijaba Mapfre, y percibir en la mensualidad siguiente los correspondientes incentivos, elaboró dichas pólizas ficticias en las que ninguna intervención, ni autorización existió por parte de quienes figuraban como tomadores y/o asegurados.

Algunas de esas pólizas estaban relacionadas con inmuebles con los que aquellos no tenían relación y vehículos que nunca les habían pertenecido en las que hizo constar direcciones de correo electrónico desconocidas, domicilios incorrectos, teléfonos ajenos a los supuestos contratantes, aparentando frente a la aseguradora que eran contratos reales.