VALLADOLID, 9 de noviembre.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado de la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, se reunió con líderes comunitarios de la urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda, para abordar el grave problema de la ocupación ilegal que ha afectado a esta área residencial desde el año 2022.

Durante este encuentro, el consejero expresó la profunda preocupación del Gobierno regional acerca de las serias repercusiones que la ocupación ilegal ha traído a la convivencia pacífica, la seguridad de los vecinos, y la calidad de vida en la localidad, así como el impacto negativo en el entorno urbano y económico de la zona.

Suárez-Quiñones recordó que la Junta de Castilla y León se encuentra del lado de los ciudadanos y de la ley, enfatizando su intención de colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y las Fuerzas de Seguridad del Estado para encontrar soluciones que devuelvan la normalidad y respeten la propiedad privada.

El consejero también indicó que su departamento lleva a cabo un monitoreo constante de casos como este, priorizando aquellas áreas donde las ocupaciones ilegales generan problemas de convivencia y riesgo para la seguridad.

“Defendemos el derecho a una vivienda digna, pero siempre dentro del marco legal y sin afectar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades”, subrayó el consejero ante los asistentes.

Por su parte, los vecinos expresaron su frustración por la prolongada situación de conflicto, que ha perjudicado a múltiples viviendas pertenecientes a la Sareb, describiendo una creciente inseguridad, deterioro de áreas comunes y la devaluación de sus propiedades a lo largo de más de tres años.

Asimismo, denunciaron la ineficacia del Gobierno de España y de la Sareb para abordar el asunto y solicitaron respuestas más rápidas y efectivas en los procedimientos judiciales, así como medidas preventivas para impedir nuevas ocupaciones.

En respuesta, el consejero reafirmó el compromiso de la Junta de proteger los derechos de los ciudadanos afectados y apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más expedita frente a las ocupaciones ilegales.

Además, la Junta subrayó la urgente necesidad de cambiar la normativa recientemente implementada por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, que según ellos favorece a los ocupantes ilegales, obstaculiza el retorno de las propiedades a sus legítimos dueños y genera un clima de inseguridad y conflictos en las comunidades.

Finalmente, Suárez-Quiñones aseguró a los representantes vecinales que la ocupación ilegal no se puede considerar aceptable ni justificada bajo ninguna circunstancia y se comprometió a fomentar una acción conjunta entre todas las administraciones para hacer frente a esta problemática, restaurando así la seguridad, la convivencia y la confianza entre los vecinos.