VALLADOLID, 28 de mayo. En una jornada cargada de debate, el Partido Popular logró el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, para presentar una Proposición No de Ley (PNL) que reclama al Gobierno central reponer las paradas de AVE eliminadas en Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia. Este movimiento ha sido calificado como un "agresión" a la comunidad por parte del ejecutivo socialista.

José Alberto Castro Cañibano, procurador del PP, expuso la postura del partido en el Pleno, argumentando que la modificación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia es un claro ataque a los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. "Esta proposición es la voz de quienes se sienten desamparados y desfavorecidos", afirmó Castro Cañibano.

El representante popular enfatizó que la eliminación de paradas representa un grave atentado contra el derecho a la movilidad y la igualdad de oportunidades de los habitantes de estas localidades. Criticó la estrategia del Gobierno de priorizar regiones con mayor influencia política, dejando a los territorios más rurales en el olvido. "¿Dónde queda la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación?", se preguntó.

Además, Castro Cañibano recordó que la estación de AVE en Sanabria, que requirió una inversión de cuatro millones de euros de fondos europeos, había supuesto el despojo de terrenos a los vecinos con la promesa de ser un hito de desarrollo. "Ahora nos dicen que no necesitan esta conexión", lamentó, instando al Ejecutivo a revertir esta decisión.

La propuesta del PP insta al Gobierno de España a reconsiderar las modificaciones y atender las necesidades de infraestructura, tanto en ferrocarriles como en carreteras. Castro Cañibano también pidió que se revisen decisiones como la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro y que se aceleren las inversiones en la provincia de Zamora y en toda Castilla y León.

La PNL fue respaldada por todas las fuerzas políticas, menos por el PSOE, que votó en contra. Laura Pelegrina, procuradora socialista, consideró la iniciativa del PP como "oportunista y alarmista", acusándoles de desatar ataques contra el Gobierno de España y de falta de respeto hacia los socialistas.

Pelegrina criticó duramente al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien describió como "sin rumbo y sin principios". Además, señaló que la comunidad ha recibido más recursos del Gobierno central que durante la gestión del Partido Popular, intentando rebatir así las acusaciones de abandono territorial.

La representante del PSOE afirmó que el Gobierno central ha realizado inversiones sustanciales en infraestructuras en la región, asegurando que los recursos asignados han aumentado significativamente respecto a la anterior administración. "El Ministerio ha invertido cinco mil millones de euros en Castilla y León", resaltó.

Finalmente, Pelegrina acusó al PP de mentir y de priorizar la confrontación en su agenda política. Insistió en que si la Junta asumiera sus responsabilidades en transporte y movilidad, el PSOE podría apoyar la propuesta del PP, de lo contrario, sería mero oportunismo.

No obstante el desacuerdo del PSOE, otros grupos mostraron su apoyo a la propuesta del PP. Pedro Pascual, procurador de Por Ávila, criticó el deterioro del transporte ferroviario en su provincia, lamentando que los tiempos de viaje desde Ávila a Madrid se hayan duplicado en los últimos años.

Francisco Igea, del Grupo Mixto, también expresó su desaprobación ante la eliminación de paradas de AVE, y abogó por un enfoque unificado en las Cortes para luchar contra esta decisión. Desde Unidas Podemos, Pablo Fernández calificó la medida de "inaceptable".

Alicia Gallego, procuradora de UPL-Soria ¡Ya!, denunció que la supresión de paradas revela un "desprecio" del Gobierno hacia las necesidades de las comunidades más pequeñas, enfatizando que se está fomentando el abandono de zonas rurales.

María Luisa Calvo, procuradora de Vox, concluyó lamentando la situación de Zamora como "una auténtica injusticia". Subrayó que la eliminación de las paradas compromete el acceso a servicios médicos y educativos esenciales para la población, acusando al presidente de Renfe de actuar con desfachatez al reestructurar horarios.