Un caso impactante se cierne sobre las autoridades de Valladolid, donde un miembro del Ejército y un guardia civil se enfrentarán a cargos por su participación en un grave ilícito relacionado con explosivos. Este lunes, 24 de marzo, ambos comparecerán ante la Audiencia Provincial, enfrentándose a la posibilidad de una condena que podría alcanzar los tres años y medio de prisión, además de un periodo de inhabilitación para el manejo de artefactos explosivos.

Los acusados son Alberto G.G., apoderado de la empresa Eoditec ubicada en el Polígono Industrial de 'La Mora', y Ginés C.S., guardia civil y responsable del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Valladolid. La acusación se centra en la celebración de cursos de desactivación de explosivos utilizando materiales reales, algo que realizaron sin la debida autorización, lo que puso en riesgo la vida de los participantes en estas actividades de formación.

Eoditec fue creada en julio de 2013 con el objetivo de ofrecer servicios relacionados con el desminado y la desmilitarización, además de actividades de formación. Según información recabada, en noviembre de 2014, Alberto G.G. y su compañero organizaron un curso de desactivación de explosivos con la participación de cuatro miembros de la Armada de Chile, utilizando material explosivo real, lo que generó serios riesgos para todos los presentes ante la falta de medidas de seguridad adecuadas.

La actividad, que se conocía como 'La Parrilla Acción y Aventura', no solo incluía el manejo de explosivos, sino también prácticas recreativas como el airsoft, y tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013 en una localización entre Tudela de Duero y Montemayor de Pililla. La naturaleza de las actividades, combinadas con el uso de explosivos, despertó serias preocupaciones en las autoridades.

En julio de 2016, Eoditec solicitó una autorización a la Subdelegación del Gobierno de Valladolid para utilizar explosivos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías sobre la eliminación y desactivación de artefactos explosivos, así como para propósitos formativos. Sin embargo, la legislación establece claramente que el uso de explosivos en el ámbito de la seguridad privada requiere de permisos específicos, los cuales fueron ignorados en este caso.

La solicitud de la empresa quedó en suspenso tras una inspección realizada por las autoridades que descubrieron la realización de estos cursos sin la adecuada regularización. El proceso judicial se ha visto afectado por retrasos no atribuibles a los acusados, lo que ha permitido que la causa se mantuviera paralizada desde agosto de 2019, hasta que se recibieron los resultados de una comisión rogatoria en noviembre de 2023.