Un reciente informe de la Guardia Civil indica que, hasta el momento, la única evidencia en el caso de dos acusados relacionados con la manipulación de explosivos es una serie de fotografías que muestran un lingote que aparentemente es PG2.

En Valladolid, el 24 de marzo, la defensa del militar del Ejército de Tierra y el guardia civil involucrados argumenta que el material en cuestión era, de hecho, "plastilina inocua". Esto sugiere que los participantes en los cursos privados a los que supuestamente asistieron, como el que se llevó a cabo en noviembre de 2013 con miembros de la Marina chilena, simplemente se encontraban en un ejercicio simulado.

A pesar de que los acusados, con experiencia en explosivos, todavía no han realizado sus declaraciones, el inicio del juicio en la Audiencia de Valladolid reveló las estrategias de defensa. Se presentó material que incluye lingotes de plastilina y otros dispositivos simulados, que fue exhibido ante los magistrados al comienzo de la vista.

La defensa sostiene que Alberto G.G., el militar acusado que opera la empresa Eoditec, junto con el guardia civil Ginés C.S., quien fue contratado como instructor, usaron únicamente material de entrenamiento. Este evento se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2013 en un área conocida como 'La Parrilla, Acción y Aventura', ofreciendo un curso de manipulación de explosivos a miembros de la Armada chilena.

Esta versión presentada por la defensa contrasta significativamente con la del fiscal, quien acusa a los dos hombres de la tenencia indebida de explosivos. La fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión para cada uno, junto con la inhabilitación para actividades profesionales relacionadas con explosivos.

El caso se originó cuando Eoditec solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid la licencia de consumo de explosivos en julio de 2016, tres años después de los cursos en cuestión. Esto llevó a una inspección de la empresa, donde las autoridades encontraron una cantidad significativa de armas, incluidas minas y obuses, superando los 180 artefactos explosivos.

En las investigaciones posteriores, también se confiscaron dispositivos informáticos y un CD que contenía cronogramas de cursos de explosivos ofrecidos a personal militar no solo en Chile, sino también en Senegal y Ecuador. Las fotografías documentaban un proceso que indicaba la colocación de un lingote de PG2 en una excavación, conectado a un detonador y un cordón detonante.

Un agente de la Guardia Civil que participó en las inspecciones afirmó que las pruebas contra los acusados se basan exclusivamente en las fotos del lingote con la marca PG2, las cuales fueron enviadas a ser analizadas por la empresa fabricante y otras instituciones. Estos organismos verificaron que el material tenía la apariencia de un explosivo real.

A pesar de ello, no se han tomado muestras del terreno que permitan confirmar la existencia de restos de explosivos. Además, no se cuenta con testimonios de testigos que corroboren el uso de material auténtico, incluyendo a los cuatro miembros de la Marina chilena que asistieron al curso o el propietario del terreno donde se llevó a cabo.

El dueño de la finca, al testificar, afirmó que no presenció ninguna detonación y que no vio socavones en el área. Explicó que simplemente abría y cerraba las instalaciones y no tenía conocimiento detallado del contenido del curso que se ofrecía.

Otro testigo, el antiguo jefe del GEDEX de Valladolid, también informó en la primera jornada del juicio y su testimonio resultó favorable a la defensa. Expresó su incapacidad para determinar si el paquete exhibido por la defensa contenía explosivos o no, aludiendo a la necesidad de un análisis más profundo al respecto.

El juicio se adentrará en su segunda jornada, que estará enfocada en las pruebas periciales y los testimonios de los dos encausados. Cabe destacar que el guardia civil que está siendo juzgado fue anteriormente jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) en Valladolid.