VALLADOLID, 29 de septiembre. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha solicitado recientemente que se eliminen las barreras para la interrupción del embarazo en el sistema de salud público de Castilla y León. Según su opinión, la actual situación presenta "dificultades" importantes debido a la objeción de conciencia por parte de algunos médicos y la necesidad de trasladar a las mujeres a clínicas privadas, lo que podría generar "graves consecuencias" y una sensación de "inseguridad" para las pacientes.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, celebrado el 28 de septiembre, Olga Hurtado, representante de la Coordinadora, ha subrayado que la interrupción del embarazo es un derecho humano básico avalado por Naciones Unidas, y ha demandado que no se impongan "obstáculos normativos o demoras" injustificadas en su acceso.

A pesar de ello, las mujeres en Castilla y León se enfrentan a numerosos obstáculos que las colocan en situaciones de "consecuencias muy graves", como el riesgo de recurrir a abortos inseguros o ilegales, debido a "dilataciones injustificables" en la prestación de este servicio, así como a la "culpabilización" que a menudo enfrentan, según explicó Hurtado.

La representante también mencionó los preocupantes datos de un informe de la Junta de 2023, que indican que en la provincia de Soria, un asombroso 98 por ciento de las mujeres que han buscado interrumpir su embarazo se han visto obligadas a salir de la comunidad, a menudo dirigiéndose a la Comunidad de Madrid.

“El traslado a otras regiones implica no solo un coste adicional, sino también un impacto psicológico significativo al tener que afrontar esta situación fuera de su entorno habitual”, lamentó Hurtado. Este problema también se presenta, aunque en menor cantidad, en provincias cercanas como Segovia, Palencia y Ávila, donde se repiten situaciones similares.

Además, Hurtado ha criticado la dependencia de centros privados para la interrupción del embarazo, lo que introduce “costes adicionales” que pueden representar un obstáculo económico insalvable para muchas mujeres. Desde la aprobación de la Ley del Aborto, más del 40% de las mujeres que han decidido abortar en Castilla y León han tenido que asumir gastos a pesar de que se trata de un servicio que debería estar cubierto por la seguridad social.

Olga Hurtado también ha relatado las dificultades y las incertidumbres que enfrentan las mujeres al intentar acceder a este derecho; en la comunidad apenas hay un centro privado, el de la empresa Ginemédica en Valladolid, que tenga un convenio con la Junta para realizar abortos a las pacientes referidas del sistema público.

La objeción de conciencia por parte de ciertos médicos es otro desafío significativo que encuentran las mujeres que optan por interrumpir su embarazo. Hurtado argumenta que esta elección no debería existir cuando se trata de un "derecho fundamental".

“La legislación actual, que a menudo trata a las mujeres como meras espectadoras en lugar de como individuos con derecho a decidir, genera dificultades que ponen en riesgo la seguridad de quienes eligen abortar en Castilla y León”, concluyó Hurtado, instando a que se facilite el acceso a este procedimiento en la sanidad pública.

Según el último informe sobre la evolución de las interrupciones del embarazo en Castilla y León, durante 2023 se llevaron a cabo 3.096 abortos, siendo las mujeres de entre 18 y 25 años y aquellas a partir de 40 las que más han recurrido a esta opción.