VALLADOLID, 5 Mar.
El exsecretario de la Consejería de Economía y vicepresidente de la Agencia de Desarrollo (ADE), el hoy procurador del Partido Popular Pablo Trillo, ha confirmado que en su día le pareció "excesivo" el precio de compra de 'La Perla Negra' e inoportuna la adquisición de terrenos en Portillo para un polígono industrial.
El testimonio de quien en su momento llegó a ser uno de los investigados ha cerrado este la tercera jornada del juicio en la Audiencia de Valladolid y donde, como premisa, ha apuntado que de dicha operación estaban al corriente las consejerías de Economía y Hacienda, capitaneadas por Tomás Villanueva y Pilar del Olmo, respectivamente, y de la adquisición de terrenos en Portillo tan solo el primero de ambos departamentos.
Trillo, quien participó como vocal en el Consejo de Administración de Gesturcal donde se abordaron ambos proyectos, ha lamentado que sus integrantes acudían siempre sin documentación.
El testigo tuvo conocimiento "informal" de los planes de buscar un edificio en el que unificar todas las sedes de ADE e incluso, en su condición de secretario general de la Consejería de Economía, mantuvo contactos con su máximo responsable, el fallecido Tomás Villanueva, quien le preguntó si era posible trasladar los servicios centrales fuera de la ciudad.
"Le dije que una parte sí pero por la ley de sedes era imposible sacar de la ciudad su despacho", ha apuntado Trillo, quien ha confirmado que en uno de los consejos de Gesturcal ya mostró su disconformidad con el precio de arrendamiento del edificio y también con el de compra, solución finalmente aceptada.
Aunque en su día calificó dicho precio de "escandaloso", en relación a los 72 millones que al final quedaron rebajados a 52 millones sin IVA, hoy lo ha tildado de "excesivo", como en su momento trasladó a miembros del consejo, a Tomás Villanueva y al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
"Me dijo que lo estudiaría, me lo agradeció y me pidió que le mantuviera informado. Yo con el presidente tenía mucha confianza porque le conozco del cole en Burgos, de ahí que le trasladara lo que me llegaba de otros funcionarios, de las chanzas que se hacían con 'La Perla Negra' y de las dudas sobre el precio", ha añadido el hoy procurador del PP.
Respecto de los terrenos en Portillo para un polígono industrial, Trillo ha indicado que no fue hasta el Consejo de Gesturcal el 31 de marzo de 2011 cuando él y el resto se enteraron de una compra que se produjo en un "momento delicado" ya que la sociedad no se estaba en un momento boyante.
"Se me dijo que se había construido la Segovia-Valladolid y que había que obtener beneficio alrededor. Se defendió la operación en término de oportunidad", ha añadido.
El que fuera coordinador de Servicios en la Consejería de Economía, Tomás Machota Martín, quien ha abierto la ronda de testificales este martes, ha asegurado que su actuación con respecto a 'La Perla Negra', tanto el elaboración del informe sobre el alquiler como su división interna y la señalética encargada a Unifica, fue siguiendo órdenes del principal investigado Rafael Delgado.
Machota ha apuntado que fue el 3 de diciembre de 2008 cuando Delgado, con quien "despachaba a diario", le encargó elaborar un informe sobre la conveniencia de alquilar un inmueble en Arroyo de la Encomienda para aglutinar todas las sedes de la ADE. El testigo ha recordado que ya había una valoración por el alquiler hecha por Urban Proyecta y él en su informe apostó como mejor fórmula por la compra, tras comparar la tasación de 52 millones y los 100 millones que supondría el arrendamiento.
El autor del informe ha sostenido que siguiendo órdenes de Rafael Delgado mantuvo una reunión en Madrid con Inmoseguros para obtener una segunda tasación sobre el precio de compra de 'La Perla Negra' y con Unifica para la señalética del inmueble y colocación de mamparas, trabajos por los que esta última mercantil, según recogen las acusaciones, recibió más de 4 millones sin procedimiento administrativo alguno.
Del resto de testigos, el exdirector de proyectos de Gesturcal, Ándrés Álvarez ha precisado que acudió a un Consejo de Administración de Gesturcal el 7 de julio de 2006, a petición del consejero delegado y también investigado, Juan Carlos Sacristán, para que informara desde el punto de vista técnico sobre el proyecto del edificio de 'La Perla Negra'.
Por su parte, quien en marzo de 2006 fue nombrado director gerente de ADE, Benedicto González, ha incidido en que cuando llegó al cargo ya había un "expediente en marcha" para alquilar un inmueble en Arroyo y ha manifestado que el problema se produjo porque la única licitadora presentó una tasación y no había garantías de que se encontrara acorde a los precios de mercado.
La mesa de contratación hizo entonces una propuesta de adjudicación con una condición suspensiva para que se acreditara el precio, ha relatado Benedicto González, quien ha negado haber recibido presiones del entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, ni de Rafael Delgado para que no se dejara desierto el concurso. "No lo hubiera consentido, yo soy un profesional de la administración a lo largo de 35 años con un código ético que muchos quisieran tener", ha zanjado González.
Otro de los testigos, el exsecretario del Consejo de Administración de Gesturcal, José Rodríguez Sanz, ha puesto de manifiesto que el tema del inicial contrato de alquiler del Edificio de Soluciones Empresariales fue abordado en una reunión del citado órgano el 7 de julio de 2006 en la que se aprobó con el voto en contra del director de Presupuestos, Armando Baeta, quien entonces no solo planteó sus dudas respecto de si el arriendo estaba dentro del objeto social de la sociedad sino que también mostró sus discrepancias sobre el precio por metro cuadrado al no tener cifras de referencia.
El voto en contra de Baeta, sin embargo, no impidió que el punto saliera adelante con los votos del presidente del consejo, Rafael Delgado, quien, por delegación, hizo valer el sí de otros tres vocales más, y contó igualmente con el apoyo del consejero delegado de Gesturcal, el también investigado Juan Carlos Sacristán.
El propio Baeta, a posteriori ya en sala, ha ratificado haber votado en contra del contrato de arrendamiento ante las dos dudas planteadas, en especial sobre el precio del alquiler que Urban fijó e 25 euros el metro cuadrado de oficina.
A este respecto, el testigo ha advertido de que fue el propio Rafael Delgado, en su condición de presidente de Gesturcal, quien en aquella reunión del Consejo de Administración de 6 de julio de 2006 sacó a relucir unos precios validando el fijado por Urban, a pesar de que como referencia presentó los 16 euros por metro cuadrado que regían para oficinas en Valladolid capital.
Baeta también ha ratificado el término de "inconfortabilidad" realizado en su día al conocer la adquisición de terrenos en Portillo para un polígono industrial que nunca llegó a ejecutarse y que se efectuó cuando Gesturcal ya en 2010 presentaba graves problemas de liquidez, con una deuda cercana a los 360 millones, con motivo de las obras de urbanización de distintos polígonos que la Junta, por "decisión política", había acordado desarrollar con el fin de contrarrestar la situación de crisis que se estaba viviendo.
El susto de la jornada lo ha dado uno de los letrados de la defensa que en un momento dado se ha sentido indispuesto y ello ha obligado a suspender la vista durante unos minutos. El defensor ha tenido que ser asistido tras advertir él mismo de que, sin motivo aparente, estaba registrando 166 pulsaciones por minuto. La vista ha continuado pero ya sin él dentro de la sala, por lo que otro compañero se ha tenido que hacer cargo de la defensa de su cliente.
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