El pasado 29 de septiembre, la Policía Nacional de Valladolid llevó a cabo la detención de un individuo a cargo de un concesionario de motocicletas, implicado en un caso de estafa que ha afectado a 25 personas con un montante que supera los 100.000 euros, según información proporcionada a Europa Press por fuentes policiales.

El origen del problema se sitúa en agosto, cuando un ciudadano acercó su queja a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Valladolid, relatando cómo había entregado una señal de 6.480 euros para la compra de una motocicleta nueva. Sin embargo, su ansiada entrega no solo se retrasó de forma considerable, sino que además se enteró de que el concesionario ya no tenía vínculos comerciales con la marca de motocicletas que promocionaba.

Ante la falta de resultados, el afectado exigió la devolución de su depósito, pero solo recibió respuestas evasivas del responsable del concesionario. Su arresto finalmente se produjo el lunes pasado, desencadenando una serie de denuncias similares por parte de otras víctimas.

A medida que más ciudadanos comenzaron a hablar de sus experiencias en redes sociales, se descubrió que el problema afectaba a numerosos compradores. Hasta ahora, solo los que habían entregado anticipos para adquirir motocicletas que nunca recibieron se elevan a 25. El responsable del concesionario alegaba que los retrasos eran atribuibles a problemas de distribución, mientras que otros incluso habían solicitado financiamiento para comprar sus motocicletas y continuaban pagando sus préstamos sin tener los vehículos.

Algunos clientes, además, entregaron sus propias motos como parte del pago y se llevaron la sorpresa de encontrar el concesionario cerrado, sin posibilidad de recuperar sus vehículos. En otro caso, varios denunciantes mencionaron que habían dejado sus motos en el taller para reparaciones, pero también enfrentaron la misma situación de retrasos y evasivas sobre el estado de sus vehículos.

Aparte de Valladolid, se han registrado quejas similares en provincias como Cádiz y Pontevedra, lo que sugiere una posible extensión del problema a nivel nacional. Hasta el momento, la Policía Nacional ha intervenido en el concesionario para ayudar a algunas víctimas a recuperar sus motos que permanecían en el negocio.

El grupo especial de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ha recopilado todas las denuncias y ha redactado un informe exhaustivo, que revela un perjuicio económico total de 100.950 euros, sin incluir los intereses de las financiaciones que algunos afectados solicitaron.

Con 25 damnificados hasta este momento, no se descarta que surjan nuevas denuncias en el futuro. El individuo arrestado, luego de ser notificado de las acusaciones de delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, fue llevado a las dependencias policiales donde prestó declaración. Su caso ha sido remitido a la autoridad judicial, quedando en libertad bajo la obligación de comparecer ante el juez cuando se le requiera.