VALLADOLID, 16 de diciembre.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este lunes una propuesta legislativa que busca modificar la Ley de Derecho a la Vivienda en Castilla y León. Esta iniciativa contempla dos cambios significativos: uno es el blindaje de las viviendas públicas para garantizar su estatus "de por vida", y el otro es la limitación del precio del alquiler, cuya regulación quedaría en manos de la Junta como administración competente.

La proposición del PSOE estipula que el alquiler no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar arrendataria. Esto aplicaría específicamente a las viviendas que hayan recibido ayudas económicas de la Administración, así como a aquellas construidas en terrenos destinados para viviendas de protección pública.

Según el portavoz en temas de vivienda del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, Castilla y León se encuentra ante un "momento sin precedentes" al considerar esta propuesta, especialmente debido a la aparente "debilidad" parlamentaria del Partido Popular, que actualmente cuenta con 31 de los 81 procuradores en las Cortes.

Vázquez expresó su entusiasmo por la posibilidad de avanzar con esta iniciativa legislativa, describiéndola como "incuestionable", "inatacable" y de "sentido común". Aseguró que su grupo parlamentario presionará para que la propuesta sea considerada "a la mayor brevedad posible", convencidos de que estos cambios son cruciales para afrontar el desafío de la fijación de población en la región y facilitar la emancipación de los jóvenes.

El portavoz socialista ha recriminado al Partido Popular por su historial de oposición a las iniciativas "pioneras" propuestas por Luis Tudanca en pro de la vivienda pública en Castilla y León. Además, acusó a la Junta de ser "el principal especulador inmobiliario de la Comunidad", resaltando su "incapacidad" para gestionar de manera efectiva el plan estatal de acceso a la vivienda.

Vázquez señaló que las políticas del gobierno regional han resultado en un incremento superior al 40 por ciento en el precio de la vivienda protegida, que según sus estimaciones, se traduce en un costo de 600 euros por metro cuadrado más que la vivienda en el mercado libre. "En el mercado libre, acceder a una vivienda resulta más económico", afirmó categóricamente.

Por lo tanto, el PSOE propone que la calificación de la vivienda pública perdure de manera permanente a lo largo de toda la vida útil del inmueble, en aquellos casos en los que se haya recibido algún tipo de ayuda económica de la Administración, así como para las propiedades construidas sobre terrenos reservados para viviendas de protección pública.