Este miércoles, las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad el Decreto-Ley de la Junta que devuelve las 35 horas semanales a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, un compromiso asumido en 2019 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera que tendrá efecto a partir del 1 de junio de 2023 en todos los sectores salvo en Educación donde arrancará en septiembre, con el nuevo curso, el 2023-2024.
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, justificó la "urgencia" del Decreto-Ley debido al incremento del empleo público que conllevará la adopción de la reducción de la jornada semanal y consideró "imprescindible" poder disponer "de un margen temporal adecuado" entre la modificación normativa y la fecha acordada para la aplicación efectiva de la nueva jornada.
Carnero argumentó que la recuperación de las 35 horas favorecerá la conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo y permitirá avanzar el ahorro energético para lo que se ha regulado un nuevo modelo de teletrabajo.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán mostró su "incredulidad" y "muchísima preocupación" por la aplicación efectiva de una medida que permitirá recuperar la jornada laboral de 35 horas y ha reprochado a la Junta que no cumpla con sus compromisos.
El soriano Ángel Ceña, funcionario de la Comunidad Autónoma, ha reivindicado los "sacrificios" de los empleados públicos y ha criticado a la Junta por la premura de adoptar ahora una medida que entrará en vigor cuatro días después de las elecciones del 28 de mayo.
Desde los partidos que sustentan a la Junta, Fátima Pinacho, de Vox, y José Luis Sanz Merino, del PP, han coincidido al afirmar que el Decreto debatido este miércoles es fruto de los recortes que hubo que hacer por las medidas aplicadas en su día por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.