VALLADOLID, 10 de diciembre. En un giro inesperado durante los procedimientos iniciados por la 'trama eólica', Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, ha arrojado una dura crítica hacia su antiguo superior, el fallecido Tomás Villanueva, a quien acusa de ser el verdadero responsable del control en la autorización de proyectos eólicos en Castilla y León. Según Delgado, fue Villanueva quien introdujo la controvertida avocación que daba a la Consejería la potestad centralizada de gestionar estas autorizaciones, siempre y cuando las empresas incluyeran socios locales en su estructura accionarial.

A pesar de que varios testigos en el caso han señalado a Delgado como el principal encargado de estas decisiones, él insiste en que la verdadera autoridad recaía en Villanueva, a quien nunca nombra directamente, manteniéndose siempre en el término "el consejero". Delgado, quien enfrenta una posible condena de 42 años de prisión junto con una multa de 239 millones, ha señalado que la instrucción de 2004, que le otorgaba tal responsabilidad a la Consejería, fue un acto de Villanueva que violó la normativa anterior que otorgaba esa potestad a los jefes de Industria en las provincias.

El exviceconsejero ha respondido a las acusaciones, haciendo hincapié en que, aunque algunos han dicho que él "repartía el bacalao", también han admitido que se reunían con el consejero para discutir los temas relacionados con sus proyectos, lo que genera un aparente conflicto en las afirmaciones. Delgado ha detallado que la avocación se instituyó en un contexto de gran presión, ya que Villanueva tenía que gestionar solicitudes que sumaban 70.000 megavatios, una cantidad que, según él, es insostenible para la región.

Delgado defendió su actuación asegurando que siempre estuvo bajo las órdenes de Villanueva, con quien, a su parecer, se alcanzaron acuerdos estratégicos para coordinar la elaboración de autorizaciones eólicas. Esto incluía favorecer la llegada de inversores locales en colaboración con grandes compañías eléctricas, mencionando que no se limitaba solo a Iberdrola, sino a un conjunto más amplio.

Sin embargo, el juicio ha revelado tensiones respecto a la supuesta manipulación en el proceso de autorización de proyectos, donde algunos empresarios denunciaron que sus iniciativas se veían sistemáticamente bloqueadas. Delgado respondió a las acusaciones de Ricardo González Mantero, el entonces director general de Energía, quien afirmaba que Delgado era el que tomaba decisiones clave sobre qué proyectos se atendían primero, señalando que su objetivo era proteger a Villanueva.

El caso de Ibervento ha salido a flote durante las declaraciones, con su administrador denunciando indirectamente que fue amenazado por Delgado, quien le habría dicho que sus proyectos no prosperarían. Delgado rechaza este relato, argumentando que las razones detrás de la falta de autorización eran de tipo financiero y no iets vinculadas a favores o bloqueos.

La fiscalía ha machacado en la necesidad de examinar el flujo de dinero asociado a las actividades de Delgado, quien también se defendió al explicar sus adquisiciones inmobiliarias y vehiculares entre 2005 y 2006, afirmando que estos gastos fueron realizados con ahorros y préstamos legítimos, mientras describía cómo había estado ahorrando de manera cautelosa a lo largo de los años.

La investigación se ha centrado también en sus vínculos con otros implicados y su relación con el abogado Jesús Rodríguez Recio, acusado como su testaferro. Delgado ha afirmado que la asociación con Recio fue puramente profesional. Sin embargo, la fiscalía ha dejado caer preguntas sobre la procedencia de los recursos económicos utilizados por Delgado, sugiriendo que había un posible intento de eludir las obligaciones fiscales.

Finalmente, mientras la tensión aumenta y las preguntas persisten, Delgado concluyó su declaración sugiriendo que dejaría las respuestas abiertas para continuar el debate en el próximo interrogatorio, manteniendo una actitud de confianza sobre su posición en este complicado caso.