
VALLADOLID, 25 de septiembre. En un reciente fallo, la Audiencia de Valladolid ha dictado una sentencia de dos años de prisión y una multa de 2.285 euros contra Santiago C.I., un hombre juzgado la semana pasada por intentar introducir sustancias ilegales en un centro penitenciario en mayo de 2023. La motivación del acusado giraba en torno a la seguridad de su hijo, quien se encuentra en prisión y era supuestamente amenazado por otros reclusos a causa de una deuda de dinero.
El fiscal había solicitado inicialmente una pena considerablemente mayor, cercana a los cinco años, pero en el transcurso del juicio, esta solicitud se redujo a tres años. No obstante, la Sección Segunda de lo Penal optó por una pena de dos años al aplicar atenuantes basadas en la confesión del acusado y su vínculo familiar, según informaron fuentes del ámbito judicial a Europa Press.
A pesar de los esfuerzos de la defensa para absolver a Santiago, argumentando que no se cumplían los requisitos del delito porque la droga nunca llegó a ingresar al penal, el tribunal no halló suficiente base para desestimar los cargos. En su fallo, se advirtió que el tipo penal en cuestión se configura como un delito de riesgo, donde basta con la tenencia de la sustancia para considerar consumado el delito, independientemente de que la entrega se hubiera realizado efectivamente o no.
Durante el juicio, el condenado recordó cómo decidió abortar su intento de llevar la droga al centro penitenciario. “Estaba muy nervioso porque llevaba la droga pegada a mi cuerpo, y antes de pasar el arco de seguridad decidí que no lo haría”, relató Santiago, explicando que justo antes de cruzar el umbral se entregó a los funcionarios de seguridad.
En su defensa, Santiago, un hombre jubilado y con múltiples problemas de salud, argumentó que su intención de llevar droga a su hijo respondía a amenazas que había recibido en su contra, así como mensajes de WhatsApp que evidenciaban la presión a la que estaba sometido por parte de otros internos en la prisión.
Según su relato, había quedado con una mujer en su barrio, Huerta del Rey, quien le proporcionó once bolas de hachís y cocaína, que en total pesaban 114,23 gramos y 41,5 gramos, respectivamente, con un valor aproximado de 2.285 euros. Sin embargo, el acusado insistió en que no pagó por dichas sustancias.
“Me enseñó cómo debía introducir la droga”, comentó Santiago, aludiendo a las instrucciones que recibió para adherir los paquetes a su cuerpo. Reiteró que su único objetivo era evitar que su hijo sufriera daños a manos de otros internos, lo cual lo llevó a actuar de esta manera.
Los agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo la detención elogiaron la actitud colaborativa de Santiago durante el proceso. Afirmaron que el detenido se mostró dispuesto a declarar y ofreció mostrar los mensajes amenazantes que había recibido en su teléfono. Sin embargo, posteriormente decidió hacer uso de su derecho a no declarar, siguiendo el consejo de su abogado defensor.
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