En Valladolid, los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, han expresado la importancia de avanzar en medio de un momento de prosperidad económica porque "es el momento de los trabajadores y trabajadoras". Este año, el lema del manifiesto del 1º de mayo es 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios'.

"Si un país progresa, debe hacerlo junto a sus trabajadores, como se ha logrado a través de acuerdos en el Diálogo Social", afirmó Andrés, destacando que todavía hay margen para mejorar en el ámbito laboral, social y económico. Esto incluye la discusión sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI y la implementación de políticas industriales y de bienestar social.

Temprano considera fundamental negociar el contrato relevo para todos los trabajadores, junto con las indemnizaciones por despido y la causalidad. Además, aboga por la reducción de la jornada laboral después de 40 años con 40 horas semanales.

"En este año, debemos llegar a las 37,5 horas semanales", declaró Temprano, instando a acuerdos bilaterales con los empleadores y garantizando que la flexibilidad no se traduzca en reducciones salariales sin la aprobación parlamentaria previa.

En cuanto a las demandas dirigidas a la Junta de Castilla y León, se exige una reforma del Ecyl para facilitar la inserción laboral de desempleados, criticando al consejero de Vox, Mariano Veganzones, por desmantelar el Servicio Público de Empleo y programas relacionados.

Se hace hincapié en la necesidad de una política industrial en la región, así como en la importancia de abordar la vivienda como prioridad en 2024. Los sindicatos convocarán manifestaciones en 14 localidades de Castilla y León para demandar mejoras laborales y defender la democracia en España.

Se alerta sobre la presencia de un clima de confrontación y desinformación en el país, abogando por el respeto a todas las ideologías y a la institucionalidad democrática. Además, se reclama la renovación del Consejo del Poder Judicial y se rechaza la criminalización y descalificación de las instituciones democráticas, los gobiernos, los partidos políticos y las organizaciones sindicales.