VALLADOLID, 9 de septiembre. En respuesta a la crisis provocada por los incendios forestales este verano en Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que se diseñarán nuevas normativas y medidas de prevención. Este anuncio se realizó durante una sesión en el Pleno de las Cortes, donde el consejero atendió las inquietudes de Alicia Gallego, procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), sobre la necesidad de reformar la gestión forestal ante los recientes desastres ecológicos.

Suárez-Quiñones subrayó que el impacto de los incendios catastróficos llevará a una revisión y aumento de la normativa de protección tanto en el ámbito público como privado. El titular de Medio Ambiente destacó que la gestión forestal en la comunidad está en constante evolución para mejorar la seguridad de los entornos rurales.

El consejero también indicó que, como parte de una próxima estrategia, se ha publicado recientemente el Decreto de Clarificación y Ordenación Forestal, trabajado a lo largo de dos años. Afirmó que este decreto será fundamental para el futuro de la regulación y la prevención de incendios, además de mencionar un decreto aprobado anteriormente que promueve el aprovechamiento de los montes privados, considerando que gran parte del patrimonio forestal en Castilla y León permanece infrautilizado.

En el marco de las acciones de prevención, se estableció un plan anual de incendios para este año, aunque Suárez-Quiñones criticó al Gobierno de España por la tardanza en dictar directrices necesarias para abordar la situación, añadiendo que la Ley de Montes de Castilla y León fue modificada para facilitar limpiezas sin autorización en zonas cercanas a las poblaciones.

El consejero también resaltó el desarrollo de un plan de protección civil denominado Infocal, que identifica áreas con especial riesgo de incendios. A pesar de ello, manifestó que la colaboración con los alcaldes ha sido insuficiente, pues muchos de ellos aún no han elaborado los planes necesarios para mitigar el riesgo en sus localidades.

Gallego, en su crítica hacia la Junta, afirmó que la gestión de Suárez-Quiñones ha sido ineficaz ante la magnitud de los daños, con 160,000 hectáreas afectadas en la región leonesa, y demandó una mayor autocrítica y responsabilidad por parte del consejero y de su equipo. Enfatizó que la falta de respuesta y dedicación del Gobierno regional, así como la supuesta ausencia del consejero durante el auge de la crisis, han contribuido a la calamidad actual.

La procuradora denunció que mientras los trabajadores en el terreno luchaban contra el fuego, los responsables en la Junta parecían desentenderse, culpando a otros de la situación. Además, cuestionó la atención del Ejecutivo a las necesidades urgentes, como la aprobación de presupuestos para recursos de prevención antes de que se desate una crisis, indicando que mientras hay falta de fondos, se ofrecen contratos de privatización a empresas vinculadas.

Asimismo, critícó que no se estén realizando adecuadas limpiezas en los bosques y caminos, lo que aumenta el riesgo de incendios. Gallego insistió en que este estado de emergencia debería llevar a priorizar la gestión forestal, asegurando que los recursos necesarios y presupuestos deberían ser gestionados de manera más eficiente para evitar situaciones similares en el futuro.