El Ayuntamiento de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, ha reiterado su firme apoyo al tradicional Toro de la Vega y ha manifestado su intención de explorar todas las opciones legales disponibles para asegurar su continuidad, siempre bajo el marco constitucional. Esta declaración se produce a raíz de una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha invalidado las modificaciones realizadas en 2022 a las Bases Reguladoras de este evento, las cuales pretendían adaptarse a nuevas restricciones en cuanto al tratamiento del animal.

El Consistorio ha hecho énfasis en que, aunque el recurso presentado por la formación animalista Pacma ha motivado la anulación de estas bases, el equipo legal del Ayuntamiento está actualmente revisando la resolución judicial. La autoridad tordesillana cuenta con un plazo de 30 días hábiles para evaluar sus opciones y, si es necesario, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de recuperar el torneo.

La sentencia cuestiona dos elementos clave: el acuerdo adoptado por el actual alcalde Miguel Ángel Oliveira en mayo de 2022, así como la autorización emitida posteriormente por la Consejería de Medio Ambiente, que avalaba la nueva normativa que buscaba conservar el espectáculo taurino sin atentar contra la vida del animal.

A pesar de esta decisión, el Ayuntamiento ha señalado que la normativa regional obliga a que se adapten las ordenanzas para permitir el festejo en condiciones que no impliquen la muerte del toro. Sin embargo, la contradicción generada por la interpretación judicial complica esta situación, sugiriendo que podría ser oportuno que el Tribunal Supremo clarifique estos derechos tanto para la entidad local como para la administración autonómica.

Además, el Ejecutivo local ha defendido que su modificación de la Ordenanza fue realizada en conformidad con la ley, garantizando la eliminación de prácticas que impliquen un daño al animal, en cumplimiento del Decreto-Ley 2/2016. En este contexto, el Ayuntamiento ha criticado abiertamente a Pacma y a algunos partidos de izquierda por utilizar este tema como un medio de enfrentamiento ideológico contra las costumbres del ámbito rural. A su juicio, este no es solo un asunto jurídico, sino un ataque directo a la cultura y derechos de las comunidades locales.