VALLADOLID, 10 de noviembre.

En un destacado caso de narcotráfico que sacudió a la región, los tres implicados en la importación de cocaína desde Colombia disfrazada como carbón han proclamado su inocencia. Este escándalo, que llevó a la detención de los acusados en 2021 en Medina del Campo (Valladolid), resultó en la confiscación de 862 kilos de la peligrosísima droga, con un valor estimado que podría oscilar entre 11 y 65 millones de euros, dependiendo de su comercialización.

El inicio del juicio ha tenido lugar en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, donde los acusados, identificados como Julio Ángel P.A., Gabriel M.G. -quien es un ertzaina- y Abdelkrim M., se han mostrado firmes en su defensa, aunque aún no han ofrecido su testimonio ante el tribunal.

Por contra, la sala ha escuchado a numerosos agentes de la policía que formaron parte de la investigación y posterior detención de los acusados. La operación, que se considera un golpe significativo contra una presunta red de distribución de cocaína que operaba en el País Vasco, surgió de una euroorden solicitada por Portugal, donde se detectaron enviados dos contenedores que albergaban más de 1,300 sacos de carbón impregnados con la droga.

La Fiscalía de Valladolid ha pedido penas de diez años de prisión, además de multas que suman un total de 33,263,703 euros para los tres acusados que se sientan en el banquillo. Este caso pone de relieve no solo la gravedad del narcotráfico, sino también la complejidad de las redes que operan en este ámbito.

Los agentes de la Policía Nacional descrito detalladamente las actividades de dos de los acusados entre Portugal y España, revelando sus maniobras de “contravigilancia” en torno al local donde se encontraban los camiones esperando descargar su cargamento. Además, se ha informado sobre los métodos empleados para identificar la droga, en particular gracias a un narcotest específico que había usado la Policía portuguesa antes de que la Policía Nacional tuviese acceso a ello, lo que facilitó la corroboración de la presencia de cocaína oculta entre el carbón.

Según el testimonio de los investigadores, el lugar de la detención no estaba diseñado para procesar la droga, dado que ese proceso requiere una gran cantidad de agua y genera olores muy fuertes, lo cual lleva a los narcotraficantes a buscar espacios aislados o cercanos a granjas para minimizar el riesgo de detección.

En el juicio también han declarado varios testigos que relataron cómo algunos de los acusados intentaron contratar servicios para la descarga del camión y la modificación de estanterías en un inmueble que habían alquilado anteriormente. Aunque muchos no pudieron identificar a los acusados específicamente, uno de ellos había hecho gestiones para establecer un domicilio fiscal en Medina del Campo y era amigo de Gabriel M.G. desde que colaboraron juntos en la política local.

Este testigo relató que los acusados le manifestaron que necesitaban un nuevo local porque el anterior “se les había quedado pequeño”, así como su interés en alquilar cámaras frigoríficas para un negocio relacionado con pescado. En un encuentro previo a su detención, compartieron una comida en un hotel cercano, donde se discutieron estas gestiones.

Las pruebas y periciales están programadas para continuar en los próximos días, y se prevé que, posteriormente, los acusados ofrezcan sus respectivas declaraciones.

La operación que llevó a este juicio fue presentada en junio de 2021 por el entonces delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, junto con el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad. La investigación comenzó a principios de 2020, al detectar irregularidades en una empresa del sector inmobiliario involucrada en importaciones sospechosas, lo que puso en alerta a las autoridades españolas y portuguesas.

Los investigadores pronto identificaron un compleja red de empresas con escasa actividad que mantenían lazos entre ellos, ya que sus operaciones eran claramente inconsistentes con su objeto social. Se destacó el uso de testaferros, evidenciando la intención de ocultar al verdadero cerebro detrás de estas empresas, Julio Ángel P.A., conocido por su pasado delictivo en Bolivia por tráfico de drogas.

A medida que la indagación avanzaba, los agentes intensificaron la vigilancia sobre Julio Ángel y su presunto asociado, Abdelkrim M., observando un significativo volumen de importaciones, especialmente a través de un puerto en Portugal, lo que resultó en el hallazgo de dos contenedores de carbón vegetal que arrojaron resultados positivos de cocaína tras inspecciones realizadas por las autoridades portugesas.

Finalmente, esta operación ha sido destacada como un modelo de colaboración eficaz entre las fuerzas policiales de diferentes países en el espacio Schengen, y se ha subrayado la magnitud y singularidad del caso, ya que la cantidad de cocaína incautada fue la más alta registrada en la historia de la jefatura, además del ingenioso método utilizado para ocultar la droga, que consistía en enmascarar la sustancia como carbón vegetal mediante un proceso químico elaborado, propiedad de los cárteles mexicanos y colombianos.

De este modo, la droga llegaba prácticamente indetectable, al imitar tanto la forma como el color del carbón, eliminando además el característico olor de la cocaína, lo que complicaba aún más las labores de detección por parte de agentes especializados en narcóticos.

Este ingenioso sistema aseguraba el éxito en la operación, ya que de los 1,364 sacos transportados, solo 30 contenían la droga, lo que hacía su descubrimiento mucho más dificultoso para las fuerzas del orden.