En una reciente decisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la severa condena de 16 años y 11 meses de prisión dictada contra Pedro Muñoz Fernández, un exconcejal de Ponferrada, León, por maltrato familiar y lesiones agravadas. Este fallo se origina de un incidente grave en mayo de 2020, cuando el exconcejal lanzó a su esposa desde un balcón, dejándola parapléjica.

El Tribunal ha rechazado los recursos de casación tanto del propio acusado como de su esposa, quien actuó como acusación particular. De este modo, se ha ratificado la sentencia emitida anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que a su vez había respaldado el fallo de la Audiencia de León.

La sentencia no solo implica una larga prisión, sino que también incluye indemnizaciones significativas: 1,5 millones de euros a su esposa, además de 97.000 euros a la Junta de Castilla y León y 47.900 euros al servicio de salud de Castilla-La Mancha.

Los hechos se remontan al inicio de la relación de pareja, donde se evidenciaron comportamientos violentos y amenazantes por parte de Muñoz. Se comprobó que sus acciones estaban motivadas por una clara intención de controlar y humillar a su esposa, evidenciando un patrón de abuso psicológico que la aisló de su entorno social.

Como resultado del maltrato continuado, la mujer presenta múltiples síntomas de malestar psicológico, incluyendo ansiedad, depresión y un evidente deterioro emocional que afecta a todas las áreas de su vida. La sentencia detalla que estas secuelas han dejado a la víctima con una serie de trastornos severos que la incapacitan para realizar cualquier actividad laboral.

Los hechos concretos del ataque ocurrieron en la finca Las Huelgas, donde durante una discusión, Muñoz amenazó a su esposa justo cuando ella intentaba abandonar el hogar. En un arranque de violencia, la golpeó y posteriormente la lanzó al vacío desde el balcón, provocándole graves lesiones.

La sentencia describe la brutalidad del ataque, señalando que Muñoz tenía plena conciencia de que su acción podía acabar con la vida de su esposa. Tras ser arrojada, la mujer sufrió múltiples fracturas y secuelas que la han dejado con una paraplejia y dificultades para llevar a cabo tareas cotidianas.

La sentencia concluye estableciendo que las severas limitaciones físicas y psicológicas de la víctima le impiden vivir de manera independiente, requiriendo asistencia constante para las actividades más básicas de la vida diaria.