La reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha generado una ola de críticas es el resultado de la impugnación realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Valladolid.

En un destacado movimiento, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha decidido emprender acciones legales, presentando una querella por prevaricación contra los magistrados del Supremo que han avalado la instalación de banderas LGTBi en edificios públicos. Es importante señalar que esta acción legal no incluye al magistrado José Luis Requero, quien se manifestó en desacuerdo mediante un voto particular.

Según el comunicado divulgado por la organización, que ha sido captado por Europa Press, los juristas acusan a los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de haber incurrido en un posible delito de prevaricación. Argumentan que han realizado un cambio de jurisprudencia sin la debida justificación, lo cual podría entrar en conflicto con los principios jurídicos establecidos.

La Fundación sostiene que este cambio drástico respecto a la sentencia de 2020 infringe, en su opinión, el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española. En su declaración, subrayan que "un cambio de tal magnitud debería estar respaldado por nuevos elementos o cambios significativos en el ámbito jurídico o social que legitimen tales alteraciones, algo que claramente no se observa en esta situación". Asimismo, la organización de juristas ha solicitado la nulidad de la sentencia emitida.

Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, no ha dudado en manifestar que "el cambio de postura del Tribunal Supremo es un ejemplo más de cómo el sistema judicial se ha visto politizado. Esta decisión pone de manifiesto la influencia del Sanchismo en la erosión de la independencia judicial, al tiempo que el PP permanece inactivo".

Además, Castellanos ha recordado que esta sentencia es consecuencia de la apelación realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Valladolid, ambos administrados por el Partido Popular.

Por último, Abogados Cristianos ha solicitado a los responsables de las instituciones públicas que, en una muestra de oposición a esta normativa, coloquen la bandera de la familia en todos los edificios gubernamentales el próximo 30 de diciembre.