VALLADOLID, 17 de marzo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León se prepara para enviar una aclaración a los cultivadores de remolacha, informando que aquellos que reciban ayudas agroambientales este año no estarán obligados a sembrar remolacha debido a los insatisfactorios precios del azúcar y de la propia raíz.

La consejera María González Corral ha asegurado que los productores pueden estar tranquilos, enfatizando que omitir el cultivo este año no resultará en penalizaciones sobre las ayudas que ya han recibido. Además, se comprometió a monitorizar la situación en los próximos ejercicios para tomar las decisiones adecuadas.

González Corral, quien reafirmó la determinación del gobierno regional de respaldar tanto la producción de remolacha como la industria azucarera en la región, subrayó que no se está sugiriendo a los agricultores que no siembren remolacha, sino que simplemente se les ofrece flexibilidad en un año complicado.

Este asunto fue uno de los puntos centrales en la reciente reunión del Consejo Regional Agrario, que representa la cuarta convocatoria oficial entre la Consejería y las organizaciones profesionales agrarias. Durante este encuentro se formó un Grupo de Trabajo destinado a abordar la PAC post27, que empezará a operar en las próximas semanas con el objetivo de escribir un documento que recopile las principales demandas del sector agroganadero.

La intención es presentar un documento consensuado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que refleje las necesidades de la comunidad en materia agrícola.

En otro frente, la Consejería y las organizaciones agrarias han convenido en presentar conjuntamente una reclamación respecto a un borrador de Real Decreto del Ministerio, el cual establece áreas de sequía específicas para el sureste español. Castilla y León busca incorporar durante la sequía las zonas afectadas en su territorio, que incluyen partes de Soria, el norte de Burgos, y ciertas áreas de Ávila, así como los cultivos herbáceos.

La consejera ha manifestado la necesidad de evitar desigualdades entre regiones y ha recibido la solicitud de los representantes agrarios para que colaboren en temas de apoyo proporcional, tal como se ha hecho en años anteriores.

El Consejo Regional Agrario también ha discutido el impacto de posibles aranceles propuestos por el presidente de EE. UU., Donald Trump. Se ha garantizado que la Junta estará vigilante ante cualquier novedad para proteger a los productores locales frente a tales medidas.

Las organizaciones agrarias han expresado su satisfacción por la creación del grupo de trabajo para desarrollar la PAC post27, mostrándose optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, tal como ha sucedido en ocasiones pasadas.

El llamado es hacia una PAC que sea profesional y proactiva, donde los fondos se destinen a la producción de alimentos de calidad con precios garantizados. Donaciano Dujo, presidente de Asaja en la comunidad, ha manifestado su preocupación por la falta de rentabilidad en la producción de cereales, señalando la incertidumbre que enfrenta el sector agrario en Castilla y León en el contexto actual.

Aurelio González, secretario de UPA-COAG, ha criticado abiertamente a Azucarera por la supuesta manipulación de precios, mencionando que la empresa está ofreciendo precios inferiores a los costes de producción de la remolacha. Aseguró que están listos para tomar acciones legales si la compañía no ajusta sus tarifas.

González también ha alzado la voz sobre el impacto negativo que la fauna salvaje, como los ciervos y jabalíes, está teniendo en el campo, revelando que se registran aproximadamente 31 accidentes diarios relacionados con la fauna. Exigió un plan de gestión que contemple la capacidad de cada territorio para soportar diferentes especies.

Por último, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, expresó su seria inquietud sobre el estado del sector ovino en Castilla y León. Hizo hincapié en la necesidad urgente de que la Consejería establezca los costes de producción que servirían como base para la negociación de contratos, abogando también por la creación de una mesa de diálogo equitativa entre la industria y los productores para salvaguardar un sector clave para la región.