VALLADOLID, 26 de noviembre. La reciente sesión del Pleno en las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles avanzar en la tramitación de una Proposición de Ley presentada por el grupo UPL-Soria ¡Ya!. Esta iniciativa tiene como fin la creación de un cuerpo específico de agentes medioambientales en la Comunidad Autónoma, buscando brindar a estos profesionales herramientas adecuadas para llevar a cabo su labor, bajo la supervisión de la Consejería de la Presidencia debido a la naturaleza "transversal" de su trabajo.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha defendido la importancia de esta ley, argumentando que es beneficiosa no solo para la comunidad, sino también para el patrimonio de la región y para los propios agentes. Ceña ha enfatizado que el texto, promovido desde mayo, fue elaborado en consenso con el sindicato CSIF y otros grupos, reparando en la falta de diálogo y colaboración por parte del Gobierno regional en temas medioambientales.

El proponente ha criticado la política medioambiental de la Junta, en particular la estrategia de extinción de incendios, que según él, carece de un enfoque colaborativo y está destinada al fracaso. Su argumento es que el éxito de estas políticas depende de un consenso que hasta ahora no se ha logrado.

La aceptación de la Proposición de Ley ha contado con el respaldo de los partidos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto, mientras que los procuradores del Partido Popular se han abstenido y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha votado en contra. Desde la Junta se ha expresado una "disconformidad" técnica respecto a la ley, junto con preocupaciones sobre el impacto financiero que su implementación entrañaría, cifra que la oposición ha estimado en alrededor de 10 millones de euros.

El procurador del PP por León, Antonio Jaime Mendoza, ha recordado que ya existe una legislación nacional básica sobre agentes forestales y medioambientales, calificando la nueva Proposición de Ley de "electoralista". Mendoza ha señalado que, dado que las Cortes se disolverán a mediados de enero, el tiempo para tramitar esta ley es prácticamente nulo.

El representante popular también ha criticado al grupo Vox por haber cambiado su postura en este tema, recordando que anteriormente se abstuvieron en la votación, algo que él considera una falta de coherencia. Mendoza ha manifestado que la ley crea una confusión innecesaria entre las competencias de los agentes medioambientales y las del Seprona, que ya actúa en estos ámbitos.

Por otro lado, el procurador de Vox, Ignacio Sicilia, ha mostrado su apoyo a la tramitación de esta ley al considerarla un "reclamo histórico" del sector. Sicilia ha subrayado la necesidad de que la ley reconozca la autoridad de este cuerpo y aclare su función en la vigilancia y protección del medio ambiente, argumentando que no se superponen con las responsabilidades del Seprona, sino que las complementan.

Desde el lado del Partido Socialista, Fernando Pablos ha enfatizado la urgencia de contar con una legislación autonómica que brinde un marco legal a los agentes medioambientales. Él ha criticado la falta de acción inmediata por parte del presidente de la Junta y el consejero de Medio Ambiente, responsabilizándolos de la situación actual tras los incendios de verano.

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha abogado por lograr un consenso necesario para crear una ley que otorgue seguridad jurídica a los agentes medioambientales, elogiando su papel crucial en la conservación de la naturaleza. Sin embargo, ha señalado que aunque logren aprobarla, será un proceso lento y complicado.

En este contexto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha respaldado la idea de una legislación que fortalezca el papel de los agentes medioambientales, quienes han visto ampliadas sus funciones con el tiempo. Recuerda que su expansión de responsabilidades no ha sido acompañada de una legislación que reconozca su labor adecuadamente.

El propósito primordial de la Proposición de Ley es mejorar la gestión y conservación del patrimonio natural en la Comunidad, así como reforzar la seguridad jurídica de los agentes significando un avance hacia un servicio público más efectivo, especialmente en zonas rurales.

La ley propone clarificar "de manera inequívoca" las competencias de los agentes medioambientales y reforzar su papel protector mediante la creación de un cuerpo específico categorizado como Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León.

Antes del debate, se realizó una concentración de cientos de agentes medioambientales, convocados por CSIF, quienes se manifestaron en las puertas del parlamento bajo la consigna 'Por una ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales en Castilla y León'.