El clima de protesta está tomando fuerza en Valladolid, donde cerca de 300 ciudadanos se han congregado para exigir una jornada laboral de 37,5 horas semanales. La iniciativa, sin embargo, se enfrenta a grandes obstáculos, ya que las enmiendas presentadas por el Partido Popular, Vox y Junts cuentan con una sólida mayoría que previsiblemente impedirá su aprobación. Los sindicatos han avisado que esta situación desencadenará una “lucha continua”, afirmando que ya han logrado el respaldo popular en las calles.

Encabezada por figuras significativas como Óscar Lobo, secretario general de UGT en Castilla y León, y Ana Fernández, responsable de CCOO, la concentración subraya la necesidad de esta reducción de jornada como un acto de justicia para los trabajadores, quienes desde 1983 enfrentan una carga laboral de 40 horas por ley. La movilización ha tomado un matiz de urgencia, dado que se debatirán y votarán las enmiendas que podrían enterrar el proyecto de reforma laboral que, según los sindicalistas, es vital para la equidad en el trabajo.

Fernández ha defendido que la propuesta es esencial para igualar las condiciones laborales de todos los españoles, considerando que una reducción meramente simbólica de una hora haría una gran diferencia. “Es un asunto de justicia social que beneficiaria a todos aquellos que pudieran aprovechar esta medida”, afirmó. Sin embargo, criticó la resistencia de las empresas, que, según ella, ven esta iniciativa como una amenaza debido al riesgo de tener que pagar horas extra debidamente registradas.

Lobo, por su parte, describió la oposición a la reducción de jornada como un ataque directo a los derechos de los trabajadores, quienes han expresado, en términos claros, la necesidad de acortar la jornada. “No es aceptable que se impida un debate democrático. Necesitamos conocer la postura de todos los grupos parlamentarios en relación a una cuestión fundamental para muchos”, insistió, enfatizando que la “derecha parlamentaria” debería dejar de bloquear medidas que beneficiarían a tantos trabajadores.

La realidad de Castilla y León, donde los trabajadores enfrentan largas horas de servicio por un salario inferior al promedio nacional, hace que esta demanda sea aún más apremiante. Lobo enfatizó que el momento de actuar es ahora, afirmando que más de 500.000 trabajadores podrían verse beneficiados. “No solo se trata de una pelea instantánea; es un esfuerzo continuo que ya está respaldado por el apoyo popular”, subrayó.

Ambos líderes han indicado que la próxima discusión en el Congreso sobre esta propuesta no traerá resultados favorables en el corto plazo, ya que se someterá a votación las enmiendas a la totalidad. “En lugar de debatir el proyecto como se debería, solo se buscará obstaculizarlo”, expresaron con pesar, pero también con la determinación de continuar luchando por la implementación de esta iniciativa laboral.