VALLADOLID, 21 Abr. - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una alarmante advertencia sobre la situación del personal no docente en los centros educativos de Castilla y León, donde se contabilizan 243 vacantes que podrían poner en riesgo la planificación educativa de la región.

Consciente de la falta de transparencia por parte de la Junta, la organización sindical ha indicado que los datos, aunque imprecisos, reflejan la existencia de 243 puestos no cubiertos. De estos, 122 corresponden a personal laboral y 121 a funcionarios de administración, según información de la Dirección General de la Función Pública de enero de 2025.

Valladolid se lleva la peor parte con 79 vacantes, representando el 32,5% del total, seguida de León con 40 vacantes (16,5%) y Burgos con 25 (10,3%). Las estadísticas continúan con Salamanca (24 vacantes), Soria (18), Zamora (17), Ávila (15), Palencia (13) y Segovia (12).

Análisis más detallado de estas vacantes muestra que, entre el personal laboral, el 23,8% corresponde a ayudantes técnicos educativos, lo que muestra una carencia significativa en este ámbito. Otros roles críticos vacantes incluyen fisioterapeutas y técnicos de educación infantil, que son esenciales para el correcto funcionamiento de los centros educativos.

Isabel Madruga, responsable del sector de Educación en CSIF Castilla y León, ha expresado su preocupación estampa. “El riesgo a la calidad de la educación es latente. Sin el apoyo de estos profesionales, la labor docente se ve afectada; la gestión y el mantenimiento de los centros, además de la atención a estudiantes con necesidades especiales, dependen de ellos”, declaró en una reciente rueda de prensa junto a Agustín Argulo, presidente del sector de Administración General de la Junta.

Madruga enfatizó que los equipos directivos y los docentes están sobrecargados de tareas burocráticas que no son parte de sus responsabilidades fundamentales. Esta situación también se agrava en los once centros de Educación Especial, donde hay una clara escasez de personal como fisioterapeutas y enfermeros, poniendo en jaque el apoyo a los alumnos más vulnerables.

La comunidad educativa se enfrenta ahora a momentos críticos, como la PAU y las oposiciones, lo que dejará al descubierto aún más la falta de profesionales en el sector, advirtió Madruga. “Estas carencias pueden amenazar el buen desempeño que hemos logrado en evaluaciones como PISA”, señaló.

Por su parte, Argulo instó a la Junta a actuar con rapidez para cubrir las plazas vacantes y mencionó que también existen deficiencias en el personal administrativo de las direcciones provinciales de Educación, factores que tienen un impacto directo en la problemática del personal. Sostuvo que los sistemas de bolsas de empleo para el personal laboral son ineficientes en comparación con los de los docentes, lo que agrava aún más la situación.

Ejemplificando la problemática, Argulo destacó que en provincias como León o Burgos, los retrasos en las contrataciones complican la situación. Llamó a la administración a implementar criterios uniformes para garantizar una respuesta adecuada en todas las delegaciones provinciales.

La responsabilidad de esta crisis, según Argulo, recae tanto en la Consejería como en la Dirección General de Función Pública, que no han actualizado las plantillas laborales durante más de dos años, lo cual ha generado una falta de transparencia en cuanto a los datos de plazas disponibles.

Añadió que, en lugar de recurrir a las bolsas de empleo público disponibles, la contratación se ha estado realizando a través de empresas privadas, lo que podría estar transgrediendo los límites legales. Este tipo de decisiones, como es el caso de la limpieza de los institutos en El Bierzo (León), podría contribuir a un incremento de precariedad e inestabilidad en el sector.

En un esfuerzo por abordar esta problemática, Argulo instó a la Dirección General de la Función Pública a "desbloquear" el proceso de modificación de las plantillas y a acelerar la implementación de la nueva normativa para bolsas de empleo, que lleva pendiente más de dos años.

Las quejas sobre la falta de ayudantes técnicos educativos, fisioterapeutas y otros especialistas son cada vez más comunes en los consejos escolares, donde los representantes de la comunidad educativa demandan soluciones efectivas por parte de la administración. Este clamor, según Madruga, ha quedado sin respuesta definitiva por parte de las autoridades competentes.